Persona no vidente que sufrió accidente por mal estado de la acera no acreditó que el desperfecto fuera de una mínima entidad para hacerse acreedor a una indemnización.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Albacete (España), desestimó un recurso contencioso-administrativo interpuesto en contra del acto administrativo de una Municipalidad que denegó la indemnización a persona no vidente que se cayó en una acera.

El recurrente alegó que con ocasión de la falta de mantenimiento y conservación de la vía pública, una persona invidente tropezó y cayó al suelo, provocándole una fractura de húmero proximal derecho, desde que unas baldosas se encontraban rotas y formaban un resalte sobre el resto del pavimento de unos 10 mm de altura, por lo que es evidente el nexo causal entre la omisión de funcionamiento de parte del municipio y el siniestro sufrido, por cuanto si hubiera estado en las condiciones que exige el fin para el que están destinados, el tránsito de la gente que va a pie, no hubiera propiciado la caída de la recurrente, quien en virtud del principio de confianza legítima transitó por dicho lugar, ya que asumió que dicho paso estaba destinado para todas las personas con independencia de su estado de salud, pues no existe ninguna norma jurídica que impida dar un paseo por una calle peatonal al invidente, y dicha condición hace surgir un reproche jurídico mayor a la hora de determinar el grado de responsabilidad de la Municipalidad, de modo que al tener responsabilidad patrimonial, debe indemnizar a la mujer por el monto de 7.018 euros, en cuanto debió someterse a un tratamiento ortopédico, hacer reposo y tomar analgésicos.

Al respecto, el Tribunal señala que, “(…) la acción jurídica de exigencia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas se corresponde con el ejercicio del derecho conferido a los ciudadanos por el artículo 106.2 de la Constitución para verse resarcidos de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor.”