Recurso de protección acogido.
Corte de Apelaciones de Santiago le ordenó a Gendarmería adoptar medidas pertinentes para contar con asistencia médica permanente para internos adultos mayores del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Colina I.
La Tercera Sala del tribunal de alzada estableció el actuar omisivo de la institución penal al carecer de asistencia médica para internos de tienen hasta más de 90 años de edad.

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió recurso de protección y le ordenó a Gendarmería adoptar las medidas pertinentes para contar con asistencia médica permanente para los internos adultos mayores del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Colina I.
El fallo señala que constituye un deber del Estado garantizar un sistema penitenciario tendiente a alcanzar la resocialización e integración de las personas privadas de libertad, el que supone el cumplimiento de determinadas obligaciones, en distintos planos, entre los cuales resulta importante el otorgar a los internos un trato digno con pleno respeto a sus derechos humanos, a fin de garantizar su integridad física y sicológica, hecho que supone, entre otras medidas, y en lo que nos interesa, el cumplimiento de instrucciones sanitarias y terapéuticas, que permitan alcanzar tal finalidad, especialmente si se considera que como las personas privadas de libertad no pueden acceder a un tratamiento médico, sino que en la medida que sea gestionado a través de la administración de Gendarmería, debe realizar acciones eficaces a fin de garantizar la protección de la integridad física y síquica.
La resolución agrega que, en el caso del condenado Eduardo Cabezas Mardones de los internos ocupantes del módulo Pabellón Asistir del CCP Colina 1, y en general de todas las personas privadas de libertad de la tercera edad, en el cual conviven penados que de acuerdo a lo estipulado en el artículo 1° inciso 2° de la Ley N°19.828 (SENAMA) forman parte del grupo etario denominado ‘adultos mayores’, mayor cuidado y diligencia debe exigírsele a la institución recurrida en cuanto garante de su integridad por ser personas de mayor riesgo, considerando, entre otros factores la edad de los penados y que por ende, la mayoría presentan precarias condiciones de salud, y se encuentran en una situación de riesgo efectiva y permanente para su integridad física.
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