La prueba producida se torna incapaz de explicar todos los extremos de la imputación que se leen de la acusación fiscal, pues ella no aporta corroboración a la hipótesis de la autoría del delito de lesiones que se imputa a los encartados y, consecuencialmente, ello impide acreditar que los hechos acaecieron del modo indicado en la acusación.
La Séptima Sala del Tribunal de alzada estableció que la parte recurrente, Gendarmería de Chile, no puede ser considerada como un tercero completamente ajeno o extraño al procedimiento penal, especialmente cuando la materia en cuestión se relaciona con la forma de ejecución de la medida cautelar de prisión preventiva.
La Cuarta Sala del tribunal de alzada dio lugar al recurso y autorizó, ante eventuales complicaciones, a la institución penitenciaria a conducir a los reclusos hasta el establecimiento de salud más cercano, en lo posible intercultural, con el objetivo de asegurar su derecho fundamental a la vida y a la integridad física y psíquica.
El amparado fue castigado por participar presuntamente en una riña, en circunstancias que el actor fue víctima del ataque, y que la investigación interna de Gendarmería -que aplicó la sanción por un plazo de 30 días- no argumenta debidamente tan gravoso castigo al afectado.
La Tercera Sala del tribunal de alzada estableció el actuar omisivo de la institución penal al carecer de asistencia médica para internos de tienen hasta más de 90 años de edad.
La Corte calificó de “catástrofe humanitaria” la situación detectada luego de dos visitas al centro penitenciario. “No se puede esperar que ocurra una desgracia como la acontecida en la cárcel de San Miguel para tomar medidas urgentes”, añade el fallo.
La no postulación encuentra fundamento en que el amparado fue condenado, entre otras, a dos penas por dos delitos de tráfico ilícito de estupefacientes, de modo que aquel debe reunir los dos tercios de las referidas condenas, informa Gendarmería, mientras que el amprado sostiene que basta que haya cumplido 10 años como mínimo.
La Sexta Sala del tribunal de alzada estableció el actuar ilegal de la institución penitenciaria al incumplir el estándar de protección de los derechos de personas pertenecientes al pueblo mapuche, durante las visitas de familiares a Ricardo Delgado Reinao, Esteban Henríquez Riquelme, Ernesto Llaitul Pezoa, Roberto Villouta Alcamán y Héctor Llaitul Carrillanca.
Lo anterior, sin perjuicio de remitir los antecedentes al Juzgado de Garantía y advertir a Gendarmería que tiene el deber de adoptar todas las medidas que sean pertinentes a fin de velar por la integridad de los internos.
La instancia indagará la existencia de privilegios en el trato y otorgamiento de beneficios a determinados grupos de la población penal en la Araucanía, así como el registro de graves vulneraciones a los derechos del personal de Gendarmería de Chile.
El Tribunal de alzada desestimó los argumentos de la recurrente, tras establecer que la información solicitada por ley transparencia, no tiene carácter de reservada o secreta.
