La publicación realiza una imputación directa en contra de la recurrente, afectando la consideración que terceras personas puedan tener o formarse de ella, lo que perturba o amenaza su derecho a la honra.
Durante la tramitación del juicio, la recurrida ordenó el cese de los actos reclamados.
La disminución de los fondos se produjo por el retiro del 10% de los fondos previsionales.
Del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de las garantías fundamentales consagradas en la Constitución.
Las peticiones exceden las materias que deben ser conocidas por esta vía, por cuanto se pretende impugnar una decisión que forma parte de las políticas públicas dictadas por la autoridad competente.
No corresponde al máximo Tribunal determinar si procede otorgar la residencia definitiva a la actora.
La normativa de la institución exige que el personal posea salud física y mental compatible con las funciones que desempeña.
El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario e ilegal del banco al negar los productos solicitados por la existencia de una deuda que fue eliminada de los registros públicos de morosidad.
El Banco no acreditó que el siniestro haya ocurrido con ocasión de la sustracción de las claves por parte de terceros por una vía distinta a la obtención de las mismas a través de su página web oficial.
El dictamen se pronunció sobre un asunto solicitado, sin dudas controvertido, por lo que no puede ser calificado de arbitrario, puesto que exhibe un fundamento plausible para su emisión y aclaración.
Las medidas cuestionadas integran una política pública para enfrentar la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19.
