Esta Corte no vislumbra vulneración actual de los derechos constitucionales que se acusaron transgredidos, ni tampoco medida que, a estas alturas, se pueda adoptar para restablecer el imperio del derecho en favor del recurrente, si los cobros indebidos se dejaron sin efecto y la deuda por consumo es posterior.
Aparece de manifiesto que la recurrente carece de un derecho indubitado susceptible de ser protegido en sede de protección, toda vez que el rechazo a la cobertura del siniestro que solicitó se funda en la reticencia e inexactitud de la recurrente en su Declaración Personal de Salud.
La empresa alegó que se la vinculó con un tercero que habría cometido una estafa en contra del recurrido, nexo que resulta equivocado y debe entenderse como una intención de dañar su imagen.
No hay medida alguna que esta Corte pueda adoptar para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la afectada, por su fallecimiento, de suerte que el recurso ha perdido oportunidad.
La Junta de Selección de Oficiales está facultada para incluir en lista de retiro a cualquier funcionario de la institución si no se logra completar el número de retiros con personal que forzosamente deba ser eliminado por mala calificación.
El adecuado ejercicio de la facultad conferida a la SEC requiere que pesquise exhaustivamente todos los aspectos de la denuncia formulada por la reclamante, hasta establecer con precisión cuáles son las razones que explican el “cobro excesivo” alegado por ésta.
La administradora de fondos explicó que su negativa se debió a la falta de documentos apostillados para concretar el trámite, argumento que fue desechado por la Corte, tras determinar que la calidad de beneficiaria de la solicitante y de su hija no había sido discutida de ninguna manera.
La recurrente firmó, luego de ocho meses de terminada su relación laboral, un anexo de contrato donde manifestaba dicha voluntad, no cumpliendo así con la normativa aplicable, que exige que el instrumento que contenga su consentimiento haya sido suscrito mientras esté vigente su trabajo.
Respecto de la petición de disculpas públicas, en el proceso no se observa ningún antecedente que permita acreditar que los recurridos crearon o administraron el perfil de Instagram, o que realizaron las publicaciones en descrédito de la recurrente que esta alega.
El actor alegó que el órgano recurrido no lo escuchó previó a modificar la posesión efectiva de su madre, afectando así el debido proceso, sin embargo, la Corte descartó ese argumento, tras determinar que la tramitación de una posesión efectiva no es un asunto litigioso que contenga etapas de discusión.
El empleo bajo modalidad de contrata tiene carácter transitorio al tenor del artículo 3° del Estatuto Administrativo y de la expresión “mientras sean necesarios sus servicios”, por lo que la autoridad administrativa está facultada para poner término al vínculo antes de la fecha máxima de vigencia.
