La Corte desestimó la alegación de que la cesión de derechos que le sirve de título a la actora era inválida por recaer sobre tierra indígena, la que debe ser conocida por el tribunal competente, en el procedimiento establecido el efecto y no a través de una acción de naturaleza cautelar y de emergencia.
Se reitera la jurisprudencia que considera a la libertad de expresión como uno de los pilares de la democracia. Además, resalta que el actor participo del reportaje que considera difamatorio.
El hecho de que las labores de control del comercio ambulante puedan ser ejercidas también por otras entidades públicas, como Carabineros de Chile, no obsta a que el municipio las aborde con todos los medios de que disponga.
No fue la institución recurrida quien divulgó la información personal de la afectada. Sin perjuicio de eso, se ordenó tomar los resguardos para que, en lo sucesivo, los funcionarios de Gendarmería a cargo de investigaciones sumarias actúen conforme a lo dispuesto en la Ley N°19.628.
La acción de protección no es la vía idónea para resolver el asunto planteado, pues requiere una declaración previa de derechos y obligaciones en un juicio de lato conocimiento, no existiendo en consecuencia, derechos indubitados que cautelar.
El organismo dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, fundamentó su decisión en un pronunciamiento de la Contraloría que señaló que las autorizaciones excepcionales de almacenamiento sólo pueden concederse por una sola vez.
El artículo 543 del Código de Comercio establece que toda controversia entre el asegurado, contratante o beneficiario con el asegurador, debe ser conocida por un juez árbitro designado por las partes o, a falta de acuerdo, por la justicia civil ordinaria.
Su artículo 37 establece que la cobranza extrajudicial no puede considerar el envío de documentos que aparenten ser escritos judiciales; comunicaciones a terceros ajenos a la obligación cobrada; visitas o llamados telefónicos a la morada del deudor durante días y horas que no sean hábiles; y demás conductas que afecten la privacidad de las personas.
La Corte estableció que la acción constitucional de protección no era la vía idónea para resolver la controversia, ya que el ordenamiento contempla un reclamo especial de ilegalidad en contra de los actos emanados del CPLT.
El principio de la confianza legítima se aplica únicamente para aquellos funcionarios que han sido incorporados a sus labores en calidad a contrata, y luego de dos renovaciones anuales del contrato.
Si bien no se transgreden actualmente los derechos invocados por el actor debido a que se eliminaron sus antecedentes del registro de morosos, la Corte acogió el recurso y ordenó al Banco tomar todas las medidas necesarias para evitar que vuelvan a suceder los hechos denunciados.
