La Defensoría Penal Pública de la Región de Antofagasta celebró un convenio con la Fundación Chilena para la Discapacidad a fin de garantizar los derechos de las personas en situación de discapacidad sometidas a un proceso penal.
El 5 de diciembre pasado la Defensoría Regional de Antofagasta celebró el convenio con la sociedad civil para diseñar, desarrollar y ejecutar actividades que permitan enfrentar de mejor forma la investigación penal respecto de las personas en situación de discapacidad.
Lo anterior, sin perjuicio de trabajar colaborativamente en favor de las personas que resulten condenadas, especialmente si se trata de penas privativas de libertad.
La iniciativa nace luego de haber constatado que en las unidades penales habitan muchas personas con discapacidad, cuya circunstancia puede ver afectada su dignidad, en cuanto los espacios no siempre cuentan con las condiciones necesarias para que los internos sean tratados con humanidad, lo cual conforme a los Principios y Buenas Prácticas de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, puede afectar la integridad física, psicológica y moral, dada su particular situación de vulnerabilidad.
Una de las acciones a las que se comprometieron será realizar un catastro de la población objetivo, en la que se va determinar el tipo y grado de discapacidad, el sexo, edad, nacionalidad y cualquier otra variable relevante, para lo cual la DPP podrá solicitar el apoyo de la fundación para tomar acción en casos particulares o bien en situaciones que afecten la generalidad de las personas que se verán beneficiadas del convenio.
El Defensor Regional, Ignacio Barrientos, manifestó que, “(…) estamos preocupados de la realidad de las personas en situación de discapacidad en las cárceles de la región, quienes sufren las dificultades que implica la falta de acondicionamiento para sus necesidades, no sólo desde el punto de vista de infraestructura, sino también por la capacitación que se requiere en casos puntuales de parte de personal que ejerce la custodia. Por eso, estamos muy contentos de contar ahora con una contraparte que nos apoyará a cambiar esta situación”.
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Cabe destacar, que no sólo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a instancia de su Relatoría especial ha recordado que los Estados miembros de la OEA se han comprometido a respetar y garantizar los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad sometidas a su jurisdicción, sino que además dicho mandato se puede encontrar en diferentes tratados internacionales, tales como la Convención sobre los Derechos Humanos, Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Convención de Ginebra y sus Protocolos adicionales de 1977, Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores, Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad, Reglas de Tokio y particularmente, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos.