El Congreso de Perú aprobó en primera instancia un proyecto de ley que pretende crear una Comisión de Alto Nivel que plantee sugerencias de reformas al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SIDH).
Los parlamentarios que impulsan el texto argumentan que existe una “politización e ideologización de las actuaciones de los órganos del sistema interamericano”.
Este está integrado por dos organismos internacionales. Con la sigla “CIDH” se alude a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos. Mientras que con la expresión “Corte IDH” se alude a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, institución judicial autónoma de la OEA.
El proyecto establece que la comisión sea conformada por los ministros de Relaciones Exteriores y de Justicia y Derechos Humanos, el presidente del Poder Judicial, el Fiscal de la Nación y el Defensor del Pueblo.
Tras esa aprobación, el proyecto para la creación de la comisión pasó a un debate en segunda instancia, como establece el del Reglamento del Congreso.
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No obstante, el Congreso no tiene la potestad para retirar a Perú del SIDH, ni para ordenarle al gobierno hacerlo. De acuerdo con la Constitución es el presidente de la República el responsable de poner fin a los tratados internacionales suscritos: “La denuncia [renuncia] de los tratados es potestad del Presidente de la República, con cargo a dar cuenta al Congreso. En el caso de los tratados sujetos a aprobación del Congreso, la denuncia requiere aprobación previa de este”.
El proyecto aprobado en primera instancia indica que la comisión realizará un “diagnóstico” y planteará propuestas de reformas a la Convención Americana de Derechos Humanos y a los reglamentos y estatutos de la CIDH y la Corte IDH, buscando que se garantice “su independencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones”.
El artículo 4 detalla que la comisión tendrá como función “formular propuestas de mecanismos para la elección, en sede interna, de los candidatos que el Perú propone para conformar la CIDH y la Corte IDH ante la Asamblea de la Organización de Estado Americanos [OEA]”.
El artículo 13 del proyecto indica que, si las sugerencias no son tomadas en cuenta por la OEA, o no “reciben una respuesta satisfactoria”, le corresponde al Ejecutivo “evaluar la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos, conforme a sus facultades constitucionales”.
La iniciativa surge luego que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechazara la excarcelación del ex presidente peruano Alberto Fujimori, y advirtió que el indulto humanitario que le otorgó la justicia peruana puede desencadenar en un «grave» caso de impunidad.
Según la CIDH, el Estado peruano actuó en «contravención de las obligaciones internacionales (…) y en incumplimiento de las órdenes emitidas por la Corte IDH».
Fujimori fue puesto en libertad por orden del Tribunal Constitucional, que le restituyó un indulto de 2017 que le fue otorgado “por razones humanitarias”.