Diario Constitucional

Tribunal Supremo de España.

Los padres al bañar al niño no notaron lesión alguna y el niño no quejó con su entorno familiar o escolar, por lo que no se puede dar por establecido que fue objeto de abuso sexual.

El perito es un auxiliar del ejercicio de la función jurisdiccional. Pero no es alguien cuyo criterio deba imponerse a quienes asumen la tarea decisoria. Lo contrario sería tanto como convertir al perito en una suerte de pseudoponente con capacidad decisoria para determinar de forma implacable el criterio judicial.

Por Redacción·04 de enero de 2024·6 min de lectura
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Referencial

El Tribunal Supremo de España desestimó el recurso de casación interpuesto en contra de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que revocó la sentencia de instancia y absolvió al acusado del delito de abuso sexual en perjuicio del hijo de su pareja.

El recurrente alegó que se falló vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva, ya que, a pesar de no cuestionar la valoración de la prueba, existe duda razonable acerca de la realidad del hecho enjuiciado, por cuanto pretender que un niño de 5 años recordara el día en que habrían ocurrido los hechos al interior de la casa y que ningún familiar haya visto llorar al niño luego de que el acusado lo penetrara analmente en su habitación, no significa que el delito no haya ocurrido. Lo mismo en cuanto a la respuesta que dio el niño durante el peritaje, pues independientemente de que haya respondido de manera inmediata de que el acusado le pegó sin que se le haya hecho una pregunta referida a ello, no puede absolverse al acusado, menos si de acuerdo al informe psicológico no se observaron indicios de mentira instrumental, ni ganancias secundarias para la emisión de las afirmaciones manifestadas, así como tampoco se apreciaron exageración de hechos ni conductas histriónicas o fantasiosas.

El máximo Tribunal refiere que, “(…) bien es cierto que la acusación particular, con absoluta corrección técnica, desarrolla el motivo bajo el epígrafe de la «vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva». Sin embargo, las alegaciones que sustentan la discrepancia del recurrente no incluyen la queja por una valoración absolutamente irracional o incoherente por parte del Tribunal Superior de Justicia al proclamar la insuficiencia de pruebas para sostener el juicio de autoría. Lo que expresa la defensa del recurrente no es otra cosa que su frontal desacuerdo con la inferencia expresada por el órgano de apelación.”

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