A petición de las y los diputados, se suspendió la votación en particular del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos, fijada para la presente semana en la Comisión de Constitución.
El motivo es que solicitaron abrir un plazo para presentar modificaciones a la indicación sustitutiva presentada por el gobierno en noviembre pasado y que servirá como texto base. En ese sentido, se acordó recibir indicaciones hasta el próximo lunes 22 de enero a las 9 horas.
Cabe recordar que el proyecto original ingresó a trámite en la administración del expresidente Sebastián Piñera, en enero de 2021. Este fue aprobado en general por la instancia en marzo de 2021 y, posteriormente, parlamentarios y gremios relacionados al acceso a la justicia realizaron críticas y observaciones a la iniciativa, por la baja cuantía del presupuesto de 800 millones de pesos considerado para el organismo. Dichos reparos fueron recogidos en la presente propuesta legal.
Objetivos del proyecto
El ministro de Justicia, Luis Cordero, explicó que presentaron una indicación sustitutiva, y no un proyecto nuevo, para dar continuidad a la extensa discusión legislativa que se produjo en la instancia.
Al respecto, reiteró que buscan un criterio unitario con el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia. Es decir, unificar diversas iniciativas como las Corporaciones de Asistencia Judicial, por ejemplo, orientadas a la niñez o adulto mayor, y programas de defensoría de las víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito.
Ello, reunido en un servicio público descentralizado, unitario y con direcciones regionales, explicó la autoridad.
Cordero también recalcó que los objetivos son la representación judicial, la mediación y la atención de las víctimas.
Debate
Durante la discusión hubo acuerdo transversal en avanzar en la materia y se valoró la indicación presentada por el gobierno. Sin embargo, los parlamentarios apuntaron que es necesario conocer a quiénes se va a defender. En tal sentido, criticaron que los criterios de focalización queden establecidos en un reglamento y no en la ley. Asimismo, que se mencionen entre ellos, la edad, género, situación de discapacidad, pertenencia a pueblos indígenas, desempleo, entre otros.
El diputado Andrés Longton estimó que la Defensoría de las Víctimas debería tener una especialización mayor. Apuntó en esa línea a que la Defensoría Penal Pública es una estructura mucho mayor en personal y recursos. Además, planteó que incluir en el reglamento los delitos o el tipo de víctimas que gozan del privilegio de la defensa es una discrecionalidad excesiva; tema que se debe precisar.
Por su parte, el legislador Leonardo Soto también valoró la propuesta del gobierno, porque supera con creces al proyecto presentado en la administración anterior. Precisó que en materia presupuestaria se consideraban sólo 886 millones de pesos, es decir, un poco más de 73 millones de pesos mensuales. Esto se supera con creces en la nueva propuesta, con casi 15 veces más de recursos. Es decir, 12 mil 500 millones de pesos.
Aclaraciones del proyecto
El ministro Cordero sostuvo que no se deben homologar la Defensoría de las Víctimas con la Defensoría Penal Pública, porque tienen un interés público distinto. En la experiencia chilena, la víctima no sólo necesita representación jurídica, sino también, apoyo psico-social e igualdad de trato en la información. Recordó, a su vez, que la reforma constitucional de 2011 reconoció la protección de la víctima, en asesoría y defensa gratuita.
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El ministro de Justicia sostuvo que el tratamiento de las víctimas tiene un tipo de prestación distinta a la simple asistencia jurídica del Estado.
En cambio, la Defensoría Penal Pública tiene un criterio de universalidad para asegurar la eficiencia del sistema de procedimiento criminal, que no arranca si el imputado no tiene defensa. Es decir, el sistema discrimina si la persona no tiene abogado pero, si tiene recursos, se cobra un arancel del Estado. Sin embargo, más del 95% de los imputados está bajo la línea de pago.
Respecto del actual catálogo de delitos vigentes de los programas de atención a las víctimas, señaló que se consideran los homicidios, secuestros, trata de personas, violación, abuso sexual, robos violentos, lesiones graves y gravísimas, cuasi delito de homicidio, lesiones graves, gravísimas y muerte por conducción en estado de ebriedad.
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