Recurso de protección rechazado por Corte de Temuco.
Sanción de censura a conductor de CESFAM por encontrarse bajo la influencia de alcohol en el lugar de trabajo durante la celebración de fiestas patrias, se ajusta a derecho.
La seguidilla de vicios procedimentales que ha hecho notar el recurrente respecto del sumario administrativo llevado en su contra, deben ser conocidos en la sede respectiva, no pudiendo constituirse el recurso de protección, que es un procedimiento sumario y desformalizado, en una nueva instancia donde se conozca y decida respecto de posibles yerros que recaen en el referido procedimiento administrativo disciplinario.

La Corte de Apelaciones de Temuco rechazó el recurso de protección interpuesto en contra de la Municipalidad de Victoria por un conductor del CESFAM de la comuna, al que se le impuso la sanción de censura.
El actor expuso que, con ocasión de que presta servicios de conductor en el CESFAM desde el año 2017, en septiembre de 2022 participó en una celebración de fiestas patrias en dependencias del centro de salud, situación que habría derivado en una investigación y sumario administrativo, la que finalizó con la sanción de censura y cambio de funciones a través de un Decreto Alcaldicio por haberse encontrado supuestamente en su lugar de trabajo bajo la influencia de alcohol, infringiendo el principio de probidad y vulnerando la obligación funcionaria de mantener una vida social acorde al cargo, en circunstancias que no se indicó en el acto administrativo el lugar ni la hora en que habrían ocurrido los hechos, motivos que permitieron dejar sin efecto la sanción de cambio de funciones tras el recurso de reposición deducido por su defensa, pero no la sanción de censura que se mantuvo vigente.
Aduce que, no bastando con lo anterior, en cuanto a que hubo una falta de precisión y de certeza de los cargos formulados en su contra, durante el sumario administrativo se perdieron o sustrajeron piezas del expediente, infringiéndose, por tanto, el artículo 128, inciso segundo, de la Ley N°18.883, como así también el derecho a la defensa, el que, por cierto, se vio aún más vulnerado cuando el referido Decreto Alcaldicio no fue notificado a su abogado.
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