La magistratura estimó que la medida “temporal” es esencialmente revocable, y no constituye un acto terminal. Asimismo, indicó que el resultado del sumario puede ser impugnado por las vías administrativas y judiciales que la ley otorga al actor; por lo que la separación de su cargo obedece a las facultades reglamentarias y disciplinarias reconocidas a Gendarmería.
La actora intentó revertir la sanción adoptada luego de un sumario administrativo en su contra, por la presunta adulteración de boletas para pedir reembolso de prestaciones médicas a un seguro. La magistratura indicó que la acción cautelar no es una instancia de apelación respecto de un acto administrativo que no es terminal, el que todavía puede ser impugnado por la recurrente ante la Contraloría General de la República.
La requirente alega que la norma legal objetada infringe el debido proceso, desde que ha sido suspendida de sus funciones al momento en que fue notificada del procedimiento administrativo, no pudo defenderse de manera adecuada, en cuanto no tuvo el oportuno conocimiento de la sanción, la que, por cierto, resulta anticipada y carente de fundamentos.
La magistratura desestimó el recurso de protección de un funcionario de SERNAPESCA que fue destituido luego de un sumario administrativo, al verificar que el actor en todo momento pudo controvertir y aportar pruebas que desvirtuaran los cargos que se le formularon, por lo tanto, no fue conculcado el debido proceso durante el sumario administrativo que ordenó su destitución del Servicio.
La magistratura indicó que la acción cautelar no es idónea para resolver un litigio que debe ser resuelto por un juez, en un procedimiento de lato conocimiento, pues el recurrente no posee un derecho indubitado para tutelar, al existir controversia en el hecho si debía ser o no evaluado al ejercer el cargo por un período menor a seis meses, debido a las sanciones de suspensión impuestas por dos sumarios previos en su contra.
El magistrado argumentó que las discrepancias resultaron del uso inadecuado de una herramienta virtual de búsqueda de jurisprudencia y que la decisión fue preparada por un «asesor de confianza. Se le confirió un plazo de 15 días para entregar mayores antecedentes.
Carece de fundamento razonable que el plazo legal de seis meses establecido en la ley para la tramitación de un sumario casi se cuadruplique.
El delito de contrabando se encuentra en una norma de rango legal que describe la conducta de una forma tal que no genera confusión o incertidumbre, siendo respetuosa tanto con el principio de legalidad como con el principio de tipicidad, toda vez que permite que los ciudadanos conozcan el alcance de la amenaza penal y, sobre todo, que sepan cuál es el ámbito de las conductas prohibidas.
El atraso por casi dos años en la tramitación de un sumario, resulta una demora arbitraria pues carece de fundamento razonable que el plazo legal de seis meses casi se cuadruplique.
La prueba de cargo demostró que el funcionario policial violentó e insultó a la víctima menor de edad al interior de un baño del sector de calabozos de la Comisaría de Carabineros, por lo que no surge duda en cuanto a la acción desarrollada por el sujeto activo.
La requirente sostiene que la ausencia de regulación sobre el rechazo de diligencias probatorias produce su indefensión, transgrediéndose su garantía a un debido proceso.
