Poder otorgado a nuevos letrados por el condenado para actuar en su representación no importa la revocación tácita del mandato conferido a quien interpuso el recurso de nulidad, por lo que este no pudo ser declarado abandonado.

La Corte de Apelaciones de Talca acogió el recurso de amparo interpuesto en contra de la Primera Sala de la misma Corte, por declarar el abandono del recurso de nulidad interpuesto por la defensa en contra de la sentencia que condenó al acusado a la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, como autor del cuasidelito de homicidio y por los delitos de incumplimiento de la obligación de detener la marcha, prestar la ayuda posible y dar cuenta a la autoridad de todo accidente en que se produzca la muerte de una persona.

El recurrente alegó que, si bien le otorgó poder a dos abogados, no hubo una revocación tácita del mandato como alegó la parte querellante, por cuanto el poder fue otorgado sólo para efectos de que los abogados presentaran un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, hecho que se materializó. De ese modo, la primera sala de la Corte no puede declarar abandonado el recurso de nulidad por no haber comparecido a la audiencia alguno de los abogados a los que les había conferido poder, puesto que él como defensa sí se presentó a estrados.

Aduce que, los argumentos de la Corte de Talca para declarar el abandono del recurso de nulidad atañen al mandato de carácter civil (art. 2164 del Código Civil), lo que conculca derechamente las garantías constitucionales que integran el debido proceso, como es el derecho a recurrir, el derecho a que la decisión sea revisada por un tribunal superior jerárquico y especialmente el derecho a defensa. Por consiguiente, la resolución de alzada resulta completamente arbitraria e ilegal al dejar al acusado en completa indefensión, lo que afecta su libertad dada la decisión de sentenciador a quo que lo condenó a las penas señaladas, pese a que no hay constancia en el proceso que el mandato judicial, otorgado por escritura pública al abogado hubiese sido revocado a través de una anotación marginal de su matriz, razón por la cual su comparecencia a estrado resultaba del todo justificada.