Un juez federal emitió una orden permanente que prohíbe a California implementar una ley que exige verificaciones de antecedentes a los propietarios de armas que deseen adquirir municiones. En la demanda, presentada en 2018, se cuestionaban las leyes estatales relacionadas con la Proposición 63, aprobada por los votantes en 2016.
Esta propuesta inicialmente requería que los propietarios de armas pagaran $50 dólares y se sometieran a una verificación de antecedentes para obtener un permiso de 4 años para comprar municiones. Sin embargo, antes de su aprobación, la Legislatura realizó enmiendas para imponer verificaciones de antecedentes cada vez que se compraran municiones y prohibir las compras fuera del estado.
Así, el juez del caso emitió la orden judicial permanente, argumentando que las leyes de verificación de antecedentes de municiones violan el derecho de los ciudadanos a la Segunda Enmienda, que consagra el derecho a poseer armas. Estimó que el enfoque original propuesto por los votantes, un permiso de compra de municiones de 4 años y $50, había sido constitucionalmente más razonable que el sistema actual.
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El magistrado criticó el esquema legislativo y lo calificó como un obstáculo innecesario y costoso, comparándolo con tener que “pasar una verificación de crédito cada vez que se llena el tanque de gasolina”. También destacó el riesgo para la seguridad de los propietarios de armas asociado con el sistema de verificación de antecedentes.
En términos de estadísticas, más de 538.000 verificaciones de antecedentes se procesaron en los primeros seis meses de 2022, con más de 58.000 rechazos, principalmente debido a discrepancias en el registro estatal de armas de fuego. Entre julio de 2019 y enero de 2020, el sistema de verificación de antecedentes impidió a 770 personas comprar municiones, con algunos casos de identificaciones incorrectas y otros resultando en arrestos y condenas por delitos graves y menores.
“Cuando el texto claro de la Segunda Enmienda cubre la conducta de un individuo, la Constitución presuntamente protege esa conducta. El gobierno debe demostrar que la regulación es consistente con la tradición histórica de esta nación en materia de armas de fuego. Sólo si una regulación sobre armas de fuego es consistente con la tradición histórica de esta nación, un tribunal puede concluir que la conducta del individuo queda fuera del “orden no calificado” de la Segunda Enmienda”, concluyó el juez del caso.