Moción.
Proyecto de reforma constitucional modifica la Carta Fundamental con el objeto de incorporar una disposición transitoria que extiende la facultad del Presidente de la República para decretar zonas de protección de infraestructura crítica.
La moción busca que el Presidente de la República, mediante Decretos con Fuerza de Ley, de aplicación a la reforma constitucional de febrero de 2023 que lo faculta para desplegar a las Fuerzas Armadas para que colaboren en la protección de zonas con infraestructura crítica.

La iniciativa, patrocinada por el senador Esteban Velásquez y la senadora Alejandra Sepúlveda, modifica la Carta Fundamental para facultar al Presidente para que a través de decretos con fuerza de ley regule las atribuciones y deberes de las Fuerzas Armadas en el resguardo de carreteras urbanas y extra urbanas, terminales de buses interurbanos y avenidas principales de zonas urbanas.
Los autores de la moción señalan que con fecha 3 de febrero de 2023, se publicó la ley N° 21.542, que modificó la Constitución Política con el fin de otorgar al Presidente de la República la facultad de desplegar a las fuerzas armadas para que colaboren con el resguardo y protección de zonas con infraestructura crítica. Esta normativa describe aquellas zonas que tienen la calidad de infraestructura crítica, tales como servicios esenciales y de utilidad pública, también aquellos que de verse afectados causen grave daño a la salud, abastecimiento, actividad económica esencial, medioambiente y seguridad; incluyendo, asimismo, todas las actividades que tengan relación con servicios e insumos básicos, los correspondientes a conexiones viales, ya sean aéreas, terrestres, marítimas, portuarias y ferroviarias y, por último, se incluye el resguardo de la frontera del país.
Agregan que esta norma mandató a una ley la regulación de las obligaciones a que estarán sometidos los organismos públicos y privados a cargo de la infraestructura crítica del país, y también los criterios específicos para la identificación de aquellas zonas. Es decir, la facultad que se otorgó al Ejecutivo está supeditada a la entrada en vigencia de la ley a que se hace referencia.
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