Sentencia de la Corte IDH que condenó a Brasil por la ejecución de 12 personas que fueron incitadas a robar avión, fue notificada.

La sentencia dictada en el Caso Honorato y otros Vs. Brasil, en que la Corte IDH encontró al Estado de Brasil responsable internacionalmente por la ejecución extrajudicial de 12 personas por la Policía Militar, durante la “Operación Castelinho”, el 5 de marzo de 2002, además de las graves falencias en los procesos judiciales seguidos a raíz de la privación de la vida de esas personas, fue notificada en días pasados a Brasil. El fallo estableció que resultaron violados los derechos a la vida, a las garantías judiciales y a la protección judicial, a la verdad y a la integridad personal de las 12 personas ejecutadas y sus familiares.

El caso se inicia cuando tres personas condenadas privadas de libertad fueron autorizadas mediante orden judicial a salir temporalmente de la prisión y transmitieron a un grupo de 12 personas la falsa noticia de que un avión que transportaba R$28.000.000,00 aterrizaría en el aeropuerto de Sorocaba el 5 de marzo de 2002, incitándolos a preparar el robo del avión. Ese día el grupo, junto con los infiltrados, salió en dirección al aeropuerto, por la carretera Castelo Branco, en cuatro vehículos. Alrededor de las 7:30 de la mañana, cuando el autobús del convoy llegó al peaje, los agentes de policía interrumpieron el tránsito, luego rodearon el convoy y dispararon aproximadamente durante 10 minutos contra el autobús. Doce personas que estaban en el autobús y en las camionetas que lo seguían, murieron como consecuencia de hemorragias internas causadas por heridas de proyectil de arma de fuego.

Los hechos fueron objeto de investigación por parte de la Policía Civil y de la Policía Militar. La investigación por la Policial Militar fue archivada en enero de 2004. Respecto a la investigación por la Policía Civil, luego de la práctica de diferentes pruebas, en diciembre de 2003, el Ministerio Público presentó denuncia penal contra 55 personas, imputándoles doce delitos de homicidio calificado. En noviembre de 2014 fue dictada sentencia absolutoria, la cual fue confirmada, en febrero de 2017, por el Tribunal de Justicia del Estado de São Paulo, que desestimó el recurso de la Fiscalía. Por su parte, familiares de algunas de las personas ejecutadas presentaron acciones de reparación por daños. Cuatro de éstas fueron falladas favorablemente, sin embargo, solo en una de estas demandas se ha efectuado el pago. Las otras tres acciones civiles fueron declaradas improcedentes.