Diario Constitucional

Recurso de amparo rechazado por Corte de Chillán.

Aunque no se encuentra regulada la audiencia de reformalización en el Código Procesal Penal, no es ilegal decretar orden de detención en contra de imputado que no comparece a ella.

Entenderlo de otra manera, en el sentido de estimar que siempre una orden de detención en contra de un imputado que no asiste de manera injustificada a una audiencia de reformalización es ilegal, generaría el riesgo de no poder llevar nunca a afecto tal audiencia y perpetuar una audiencia de formalización originaria imperfecta.

Por Redacción·30 de marzo de 2024·6 min de lectura
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La Corte de Apelaciones de Chillán rechazó el recurso de amparo interpuesto en contra del Juzgado de Garantía de la capital de la región de Ñuble, por haber decretado orden de detención en contra de un imputado por no comparecer a la audiencia de reformalización.

El recurrente alegó que, el imputado fue formalizado el 24 de marzo de 2023 por los delitos de receptación de vehículos motorizados, conducir vehículo con licencia suspendida, e infracción al artículo 192 letra e) de la ley de tránsito. Sin embargo, el 8 de marzo del año en curso, a solicitud del Ministerio Público se ordenó la orden de detención del imputado por no haber comparecido a la audiencia de reformalización, en circunstancias que dicha audiencia no se encuentra recogida en el ordenamiento jurídico, particularmente en el Código Procesal Penal, por lo que se vulnera no sólo la libertad personal, sino que, además, el principio de legalidad, como así también los artículos 1.1, y 7 del Pacto San José de Costa Rica, los artículos 2 y 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

El recurrido informó que, “(…) si bien la reformalización no es una diligencia o actuación consagrada en el Código Procesal Penal, desde el inicio de la reforma ha sido permanentemente utilizada. La formalización es un acto garantista, cuyo fin es que el imputado tome conocimiento de lo que se le investiga, y pueda defenderse apropiadamente, en cuanto el principio de congruencia impide que la acusación difiera en ciertos acápites respecto de la formalización, entendiéndose que dicha norma resulta también aplicable a la reformalización, y no pudiendo ser exigible al ente persecutor que, para el caso de que el detenido es puesto en flagrancia a disposición del tribunal, se le comunique absolutamente todo el proceso investigativo y sus resultados.”

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