Orden de detención en contra de imputada por no comparecer a audiencia de reformalización es ilegal. Dicha audiencia no se encuentra consagrada en el Código Procesal Penal.

La Corte de Apelaciones de Chillán acogió el recurso de amparo interpuesto en contra del Juzgado de Garantía de Yungay, por haber decretado orden de detención en contra de una imputada por el delito de conducción en estado de ebriedad al no comparecer a una audiencia de reformalización.

El recurrente alegó que, el 31 de Julio de 2023, la imputada fue formalizada como autora del delito consumado de conducción en estado de ebriedad causando daños, sin haber obtenido licencia de conducir, llevándose a cabo audiencia de procedimiento abreviado el 06 de septiembre del mismo año, sin perjuicio de no haber sido apercibida al tenor del artículo 26 del Código Procesal Penal. No obstante, el Ministerio Público solicitó no llevar a cabo la audiencia, en cuanto cometieron un error en la calificación del delito, motivo por el cual, a solicitud de Fiscalía, el Tribunal fijó audiencia de procedimiento abreviado para el 19 de diciembre de 2023, sin embargo, con ocasión de que la imputada no compareció, Fiscalía solicitó que se fijara audiencia de reformalización para enero del año en curso, audiencia a la que tampoco compareció la imputada, por lo que se reagendó dicha audiencia para febrero pasado, en circunstancias que en ningún momento se formuló apercibimiento alguno al tenor del artículo 33 del Código Procesal Penal, por lo que nuevamente no compareció la imputada, como así tampoco a la nueva fecha fijada para dichos efectos, situación que derivó en que el Tribunal de manera arbitraria e ilegal decretara orden de detención.

Aduce que, el apremio no sólo es ilegal y arbitrario, porque la imputada no fue correctamente apercibida de las consecuencias de su incomparecencia, conforme el artículo 33 del Código Procesal Penal, sino que, además, no procede la orden de detención respecto de una audiencia que no habilita para aquello expresamente, por lo que se vulnera la libertad personal y seguridad individual.