Autoridades deben garantizar acceso a la educación en condiciones dignas y asegurar que la dotación de personal educativo sea la adecuada para este fin, resuelve la Corte Constitucional de Colombia.

La Corte Constitucional de Colombia acogió la acción de tutela interpuesta en favor de los estudiantes de un establecimiento educativo cuyo derecho a la educación ha sido vulnerado recurrentemente por la ausencia de condiciones dignas. Dictaminó que la falta de seguridad y de infraestructuras adecuadas son problemas que deben ser abordados por las autoridades para garantizar un adecuado servicio educativo.

La acción fue interpuesta por una funcionaria municipal de la localidad, que accionó contra las autoridades debido a la falta de docentes y personal administrativo para atender las funciones del colegio, lo cual ha impedido que los estudiantes reciban educación en condiciones dignas, además de la falta de seguridad en la zona que ha obligado a muchos funcionarios a pedir traslado.

Si bien el juez de primera instancia acogió el amparo, su decisión fue revocada por el tribunal ad quem que estimó que la acción debía ser promovida por el propio colegio y en sede administrativa. De todos modos, resolvió que los funcionarios debían vincularse “a través de un concurso público o si existe el cargo y no está provisto en propiedad, se nombra en provisionalidad”. La mujer impugnó esta decisión en sede constitucional.