La EUIPO estimó correctamente que las personas asocian el nombre de Pablo Escobar con el tráfico de drogas y con el narcoterrorismo, así como con los crímenes y el sufrimiento derivados de ellos, más que con sus posibles buenas obras a favor de los pobres en Colombia. Por lo tanto, la marca será percibida como contraria a los valores y a las normas morales fundamentales imperantes en la sociedad española.
La moción busca dar soluciones a la crisis de seguridad que atraviesa el país, facultando al Presidente de la República para que ordene a las Fuerzas Armadas, en situaciones de grave crisis migratoria o de seguridad pública, que colaboren con las Fuerzas de Orden y Seguridad en tareas tales como, control de identidad y control de tránsito.
La norma amplía a los carabineros alumnos, desde el segundo año, la autorización para porte de armas, en el marco de sus prácticas policiales.
No puede el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, aplicar una atenuante de responsabilidad, que requiere sea acreditada, en un juicio oral, público, contradictorio.
La propuesta será analizada en una próxima sesión ordinaria. La idea es limitar a 24 horas, los trámites que se realizan desde la entrega del cuerpo hasta su sepultación.
No se pueden inferir intenciones o comportamientos violentos de las llamadas convocatorias en línea, los lemas coreados o la forma de vestir de algunos manifestantes. A primera vista, esas deberían haberse tomado como expresiones de insatisfacción y protesta en lugar de llamados deliberados e inequívocos a la violencia.
Sanciona penalmente a quien, en el contexto de reuniones en lugares de uso público, porte injustificadamente combustible apto para cometer atentados contra las personas o daños en las cosas.
Si bien preservar la paz y proteger a las personas de la violencia es inmensamente importante, un arresto no puede justificarse bajo la doctrina de los poderes auxiliares. Ya existe un poder legal de arresto que puede ejercerse si un individuo se resiste u obstruye a un oficial que toma otras medidas menos intrusivas.
Tolerar y respetar a un grupo no implica reconocer o legitimar que dentro de este pueda oprimirse a sus propios miembros, incluso si otras mujeres de la comunidad no ejercen el derecho a rezar los viernes o no reclaman por ser obligadas a hacerlo detrás de una biblioteca. El propio denunciado se identifica víctima de la intolerancia, sin advertir las repercusiones de sus decisiones, regresivas de derechos adquiridos, sobre la vida de otras personas.
Dictaminó que la discriminación existe aunque no es un problema sistémico, y que los controles de identidad no están dirigidos a un grupo determinado. No corresponde al juez administrativo redefinir las políticas de orden público implementadas por el gobierno.
La menor, de cuatro años, había sido mantenida desde su nacimiento en un estado de incertidumbre prolongada en cuanto a su identidad personal. En particular, al no tener un parentesco legalmente establecido se la consideraba apátrida en Italia. Por lo tanto, a pesar del margen de apreciación otorgado al Estado, las autoridades incumplieron su obligación de salvaguardar los derechos de la menor.
