Indemnizaciones a que se refiere el artículo 495 del Código del Trabajo comprenden el daño moral laboral.

La Corte Suprema desestimó el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la Municipalidad de San Bernardo en contra de la sentencia dictada por la Corte de San Miguel, que hizo lugar al recurso de nulidad interpuesto por el actor y acogió la denuncia de tutela por vulneración de derechos fundamentales durante la vigencia de la relación laboral, ordenándole al municipio de San Bernardo eliminar de sus redes sociales ciertas publicaciones referidas a una denuncia de acoso laboral y sexual, y que lo condenó al pago de $20.000.000 por indemnización por daño moral.

El máximo Tribunal señala que la materia de derecho que la recurrente y parte demandada solicita unificar, consiste en determinar la procedencia del pago de la indemnización por daño moral de funcionario público -con relación estatutaria vigente entre denunciante y órgano público denunciado-, alegando que la tesis de la sentencia impugnada es contraria a lo decidido en el fallo que acompaña para su contraste.

Refiere que el fallo impugnado acogió el arbitrio de nulidad del denunciante, sosteniendo que la prueba aportada por éste constituyó indicios suficientes de que se produjo la vulneración de derechos fundamentales denunciada, pues si bien las mentadas comunicaciones de la municipalidad no individualizaron con nombre y apellido al funcionario investigado, entregan antecedentes suficientes que permiten su fácil identificación, concluyendo que se afectó el derecho previsto en el N°4 del artículo 19 de la Carta Fundamental, con ocasión de la relación laboral que lo vinculó con la denunciada y como resultado del ejercicio de las facultades de la empleadora, pues, como consecuencia de este último, la actuación reprochada limitó el pleno ejercicio de la garantía descrita sin justificación suficiente, en forma desproporcionada y sin respeto a su contenido esencial.