Por 68 votos a favor, 61 en contra y 4 abstenciones, la Sala de la Cámara aprobó el Acuerdo 26. A través de él se manifiesta preocupación por las políticas educacionales impulsadas por el Gobierno.
Según se describe en el documento, ellas “han sido deficientemente ejecutadas por el actual ministro de Educación”. Asimismo, se estima que están vulnerando gravemente el derecho a la educación de miles de alumnos. Particularmente, se apunta a la clase media y a los sectores más vulnerables.
El acuerdo lo presentaron, los diputados y diputadas Eduardo Cornejo, Gustavo Benavente, Sergio Bobadilla, Marta Bravo, Álvaro Carter, Juan Antonio Coloma, Felipe Donoso, Natalia Romero, Flor Weisse y Francisco Undurraga.
Se remarca que, a más de un mes de iniciado el año escolar 2024, 880 mil estudiantes aún no cuentan con un establecimiento educacional. Ello se presenta a nivel nacional, aunque existe una mayor incidencia en el norte del país. Otro dato que complementa dicha situación es la constatación de 5.800 matrículas faltantes al inicio del proceso. Esto, a juicio de los autores, demuestra el “fracaso del sistema de admisión escolar”.
Adicionalmente, se acusa que, desde su implementación, esta política “no ha sido capaz de solucionar la permanente escasez de cupos para la enseñanza básica y media”.
Otras críticas a las políticas educacionales
En el acuerdo también se critica el sistema que implementó este año el Mineduc a través de la plataforma “Anótate en la Lista”. Según se explica, la idea era evitar que los apoderados que no encontraran una matrícula tuvieran que acampar durante semanas fuera de los establecimientos escolares. Así, ofrecía un conjunto de herramientas adicionales para los colegios a cambio de una suscripción económica, cuyo valor bordeaba los $109.000.
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Con dicha política, aseveran los autores, se vulnera el derecho a la igualdad ante la ley consagrado en la Constitución Política.
En el documento, igualmente, se cuestiona el mecanismo de la llamada “tómbola”, así como la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). Estos -se acota- han demostrado una serie de problemas, tanto de diseño como de gestión. Del mismo modo, presentan deficiencias en infraestructura y equipamiento.
Finalmente, entre otros factores que acrecientan el problema, estarían el nivel de deserción escolar; la situación de los denominados “liceos emblemáticos”; falta de voluntad política para promover la aplicación de la “Ley Aula Segura”; y las movilizaciones de profesores en Antofagasta y Atacama.