La actividad de un funcionario público en las redes sociales constituye una acción estatal según la ley § 1983 solo si el funcionario (1) posee autoridad real para hablar en nombre del Estado y (2) pretende ejercer esa autoridad cuando se comunica en redes sociales. La apariencia y función de la actividad de estas redes son relevantes en el segundo paso, pero no pueden compensar la falta de autoridad estatal en el primero.
Se alega que estas aplicaciones utilizan tecnologías avanzadas y algoritmos para crear una experiencia adictiva, similar a la de los videojuegos, que prioriza las ganancias corporativas sobre la satisfacción y la interacción entre los usuarios.
Los trastornos psiquiátricos graves que sufre el trabajador -trastorno de pánico con agorafobia, trastorno obsesivo severo y trastorno por estrés postraumático- cumplen ya carácter incapacitante por su cronicidad y severidad de los síntomas e incapacitan al trabajador para su trabajo de moderador de contenidos.
Fotografías y vídeos en las que mucha gente puede salir con alguna copa de más y que, aunque en ese momento resulte gracioso, quizá para el futuro no lo sea tanto. Todo puede afectar a la reputación digital.
Cuando los servicios consistentes en sesiones interactivas filmadas y difundidas en tiempo real por Internet (por ejemplo, un videochat) sean prestados por un sujeto pasivo que es propietario del contenido digital a un cliente final, a saber, un espectador, en circunstancias en que ese contenido ha sido suministrado a ese sujeto pasivo por otro sujeto pasivo, el suministro del contenido digital por este último no consiste en dar acceso a una manifestación recreativa.
La normativa aplicable no crea una jerarquía entre las acciones legales emprendidas contra el anfitrión de sitios pornográficos y las incoadas contra el proveedor de Internet. Por lo tanto, las asociaciones pueden pedir a los tribunales que obliguen a los proveedores a bloquear un sitio pornográfico sin tener que accionar primero contra el editor del contenido o su anfitrión.
La Tercera Sala del máximo tribunal estableció actuar arbitrario de la empresa al no bloquear sitios de apuestas ilegales, ya que la Polla Chilena de Beneficencia es el único organismo autorizado por ley para realizar tal actividad.
El objetivo de la iniciativa es impulsar el despliegue y desarrollo de redes de servicios de internet en el país para facilitar el acceso a las telecomunicaciones a la ciudadanía.
La iniciativa busca proteger el derecho a la imagen de los menores de edad, dado en que muchas ocasiones sus imágenes son utilizadas con fines ilícitos. Además, consagra el derecho al olvido para facilitar la eliminación de los registros que vulneren sus derechos.
La empresa se adjudicó una licitación y se obligó a brindar servicios de telefonía e internet a zonas australes extremas incumpliendo tal prestación, hecho que fue sancionado con una multa principal y una multa diaria, que en opinión del máximo Tribunal, no infringen el principio non bis in ídem al no concurrir identidad en los hechos ni en su fundamento.
El hecho de publicar o subir imágenes, vídeos, o cualquier otro tipo de grabación referente a nuestros hijos en Internet en general, y en las redes sociales en particular, además de crearles una huella digital sin su consentimiento desde que son bebés, también puede exponerles a los peligros que acarrea el propio Internet.
