El domingo 04 de febrero los salvadoreños concurrieron a las urnas para elegir al presidente, vicepresidente y diputados a la Asamblea Legislativa. Así, el presidente Nayib Bukele logró ser reelecto con el 87% de los votos y gobernará durante el periodo 2024-2029, convirtiéndose en el primer presidente salvadoreño que alcanza la reelección (desde el retorno a la democracia) a pesar de que la Constitución de 1983 señala -en el artículo 152- que no podrá ser candidato a presidente de la República “El que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial”. Sobre el cumplimiento de esta disposición constitucional es preciso anotar que todos los ex presidentes -salvo Bukele- la respetaron escrupulosamente.

Los resultados

Como ya lo hemos indicado el 87% de los electores respaldó la inconstitucional reelección de Bukele. Sumado a ello, los resultados oficiales emitidos por el Tribunal Supremo Electoral -también controlado por Bukele- indican que la victoria del partido oficialista Nuevas Ideas ha sido avasalladora a nivel legislativo ya que ha logrado alcanzar 58 de los 60 escaños que conforman la Asamblea Legislativa (Asamblea, en adelante).

En otras palabras, durante el periodo 2024-2029 el oficialismo tendrá el control absoluto sobre el Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, respectivamente, además del que ya ejerce sobre el Poder Judicial (la Sala Constitucional de la Corte Suprema, por ejemplo), la Fiscalía General de la República, y sobre la casi totalidad de entidades públicas. En suma, luego de la inconstitucional reelección de Bukele El Salvador se convierte en un país con un régimen de partido único en el que el presidente de la República podrá actuar sin ningún tipo de control institucional.

La oposición pulverizada

Ahora bien, más allá de la inconstitucional reelección de Bukele, lo cierto es que este proceso electoral constituye un golpe durísimo para los partidos de oposición, especialmente para los históricos Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) de izquierda y Alianza Republicana Nacionales (ARENA) de derecha, quienes a duras penas podrán mantener sus respectivas inscripciones al haber obtenido menos del 5% de los votos.

La reelección inconstitucional

Visto el escenario actual, es importante conocer cómo a pesar de la prohibición constitucional Bukele logró inscribir su candidatura forzando una reelección absolutamente inconstitucional, previo somentimiento tanto del Poder Judicial como del Tribunal Supremo Electoral, basando su estrategia en su denominada “eficracia”. A continuación contamos la historia.

La Constitución salvadoreña -además del artículo 152- cuenta con dos artículos que leídos sistemáticamente prohíben la reelección presidencial de manera categórica. Hablamos del artículo 154 que señala “El período presidencial será de cinco años y comenzará y terminará el día primero de junio, sin que la persona que haya ejercido la Presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más”, y del artículo 248 en el que incluso se ponen candados a la reforma constitucional indicando que “No podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y sistema de gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República”.

A pesar de ello, a principios de mayo de 2021, Bukele le ordenó a su mayoria parlamentaria que destituyera a cinco jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, bajo el pretexto de haber emitido resoluciones contrarias a decretos ejecutivos durante la pandemia de coronavirus obstaculizando el trabajo del Ministerio de Salud. En otras palabras, como los jueces constitucionales se atrevieron a cuestionar la legalidad de las normas del Poder Ejecutivo entonces había que destituirlos. Es decir, fueron botados de sus cargos por hacer su trabajo. Es más, luego de consumar este atropello en la Asamblea Legislativa, Bukele celebraba en Twitter diciendo: “El pueblo salvadoreño, a través de sus representantes, dijo: ¡Destituidos!

Luego, como era de esperarse, los nuevos magistrados de la Sala Constitucional, impuestos por el oficialismo, el 03 de setiembre de 2021, emitieron una sentencia habilitando la reelección presidencial inmediata para que Bukele pudiera candidatear. Acto seguido, la Sala Constitucional ordenó al Tribunal Supremo Electoral -cuyos miembros también responden a la voluntad de Bukele- dar cumplimiento a la resolución, algo que el organismo electoral cumplió inmediatamente.

Cabe precisar que Bukele y su mayoría parlamentaria no solo destituyeron a cinco jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema para lograr su inconstitucional reelección sino también echaron de su cargo a la Fiscal General quien había iniciado investigaciones con la finalidad de esclarecer las presuntas violaciones contra los derechos humanos perpetradas por los agentes del Estado -con el aval político del Gobierno de turno- en el marco de la lucha contra la criminalidad, para luego declarar el estado de excepción permamanente desde 2022, erosionando la situación de los derechos humanos y la gobernabilidad democrática en El Salvador.

Otras medidas para concentar el poder

Sumado a lo que ya hemos indicado, Bukele y su mayoria parlamentaria han implementado una serie de medidas con el único objetivo de reducir -a su mínima expresión- las posibilidades electorales de la oposición. Así, el 15 de marzo de 2023, la Asamblea aprobó la derogación del artículo 291-A del Código Electoral, que prohíbe los cambios o reformas electorales a menos de un año de las elecciones, justamente para evitar que una mayoría parlamentaria transitoria manipule las reglas electorales para favorecer al poder de turno, tal y como ha sucedido con Bukele y su partido Nuevas Ideas.

Al respecto, una vez abierto el candado para hacer las reformas electorales que Bukele necesitaba, la Asamblea aprobó dos iniciativas que liquidaron las posibilidades electorales de la oposición. Primero, redujo el número de bancas en la Asamblea (pasó de 84 a 60 legisladores) garantizando un mayor peso electoral para el partido mayoritario (el oficialista, por supuesto). Segundo, redujo el número de las Alcaldías (pasó de 262 a 44) limitando el poder de la oposición a nivel local para que el partido de gobierno tenga un control absoluto de la política a nivel subnacional.

Un horizonte peligroso

En esa línea, luego de conocidos los primeros reportes electorales que confirmaban el triunfo arrollador de Nuevas ideas a nivel presidencial y parlamentario, Bukele señaló que “no es necesario una reforma constitucional para la reelección indefinida”, dejando abierta la posibilidad -como la han indicado algunos medios y analistas- de tentar una tercera candidatura presidencial consecutiva si “el pueblo así lo quiere”.

Apunte final

La reelección inconstitucional de Bukele en El Salvador (respaldada por el 87% de los electores), nos demuestra que la historia política en América Latina es cíclica y no lineal, como la historia que contaba el genial Adolfo Bioy Casares en su novela “La invención de Morel”, pues nuevamente en la región, frente a la amenaza de la inseguridad ciudadana ocasionada por la criminalidad, aparece o reaparece la figura del hombre fuerte que impone “mano dura” con el aplauso de una ciudadanía dispuesta a justificar quiebres y rupturas institucionales a cambio de orden.

En todo caso -y espero equivocarme- lo más preocupante de todo esto es que no se requiere tener bastos conocimientos en Historia para saber que más temprano que tarde este tipo de figuras suelen destruir el orden constitucional y la institucionalidad democrática de sus respectivos países. Basta con repasar, por ejemplo, novelas brillantes escritas en nuestra región, basadas en este tipo de personajes, como “La conversación en la Catedral” y “La fiesta del Chivo” de Mario Vargas Llosa, “El otoño del patriarca” de Gabriel García Márquez; “La región más transparente del mundo” de Carlos Fuentes; “El señor presidente” de Miguel Ángel Asturias o “Yo supremo” de Roa Bastos, para saber en qué acaban las promesas de los líderes mesiánicos/carismáticos que ejercen el poder de manera autoritaria anulando sistemáticamente todo tipo de control institucional, como ahora lo hace Bukele en El Salvador. (Santiago, 5 de febrero de 2024)