Requisitos formales en
La importancia del domicilio como requisito formal de la solicitud de liquidación voluntaria de las empresas deudoras.
El problema nace cuando el Liquidador Concursal no tiene conocimiento del domicilio de los trabajadores, de manera que se encuentra impedido de enviar las cartas informando el término del contrato de trabajo. El incumplimiento de esta obligación por parte del Liquidador Concursal tiene aparejado las sanciones contempladas en el inciso 3° del artículo 163 bis del Código del Trabajo, conforme al cual la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento podrá sancionar los hechos imputables al Liquidador, de conformidad con lo establecido en el artículo 338 de la Ley 20.720.

El 2 de septiembre de 2020 la Presidencia de la República presentó el Mensaje 166-368 el que inicia el Proyecto de Ley que moderniza los procedimientos concursales contemplados en la Ley 20.720 y crea nuevos procedimientos para micro y pequeñas empresas. El proyecto de Ley corresponde al boletín 13802-03.
En dicho proyecto, se contemplan varias modificaciones al procedimiento de liquidación de bienes de Empresa Deudora, sin embargo, hay un punto que no ha sido considerado, hasta ahora, y es el domicilio de la empresa como requisito formal de la solicitud de liquidación voluntaria.
Es sabido que la solicitud judicial de liquidación voluntaria de una Persona o Empresa Deudora es un hecho revelador de su estado patrimonial crítico, es una confesión expresa y judicial de la cesación de pagos, la cual debe ir, necesariamente, acompañada de antecedentes para acreditar tales declaraciones.
Comentarios (2)
Antoine Peñaloza Carrillo Buen análisis Lucas. Siempre aportando a esta materia tan importante.
Ignacio Alarcón Fallau, Devolutiva Abogados Estimado Lucas. Junto con saludarte, y desde ya compartiendo contigo la utilidad de que en una eventual reforma a la legislación concursal se incluya de manera expresa la obligación del peticionario de señalar el domicilio de sus trabajadores, me siento en la obligación de disentir de tu análisis. En primer lugar, porque de conformidad a las disposiciones del art. 199 de la Ley 20.720 (en lo sucesivo LIR), una liquidación voluntaria en que no se cumpla con los requisitos debería ser rechazada por el tribunal (y hay abundante jurisprudencia al efecto); en segundo lugar, porque incluso si una liquidación se declara sin estos datos, el propio liquidador puede apercibir al deudor o sus administradores a entregar esta información (en virtud del denominado deber de colaboración consagrado en el art. 169 LIR); en tercer lugar porque el liquidador puede obtener esta información de los documentos laborales que se incauten, incautación que en teoría debería realizarse inmediatamente de asumido el cargo (art. 163 LIR), y finalmente, porque si dicha información en definitiva no es habida, el liquidador estará a salvo de cualquier sanción en virtud del viejo aforismo que señala que «a lo imposible nadie está obligado». Muy por el contrario, un liquidador que (como señalas en tu texto), no publique la resolución de liquidación o demore su publicación porque no posee estos datos, estaría incumpliendo la norma expresa del art. 129 N° 8 en relación al art. 6° inc. 2 LIR, que ordena que dicha resolución de liquidación se publique dentro de segundo día de dictada, exponiéndose ahora sí, a ser sancionado por su omisión o dilación innecesaria. Todo lo anterior máxime si consideramos que tu análisis se centra en las liquidaciones voluntarias, mientras que es evidente que los liquidadores poseen la misma e idéntica obligación de notificar por carta certificada a los trabajadores (ya que el art. 163 bis N° 1 del Código del Trabajo no hace distinción alguna), en caso de las liquidaciones forzosas, procedimientos compulsivos en los cuales, por regla general, jamás se cuenta con estos datos. Nuevamente, reitero que sin perjuicio de todo lo señalado, comparto que sería útil que una eventual modificación incluya la referencia expresa a que los deudores señalen el domicilio de sus trabajadores, y felicito tu interés por ahondar en estos temas concursales que en la práctica han sido en general abandonados por la doctrina nacional. Saludos cordiales, Ignacio. Santiago, 07 de octubre de 2022.
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