Participación popular en el proceso constituyente: un balance.

En la discusión y redacción de la Constitución de 1980 participaron únicamente un puñado de juristas –casi todos hombres– y de militares.Luego de la discusión “entre cuatro paredes”, la propuesta de texto constitucional fue aprobada mediante un plebiscito fraudulento. Al poco tiempo de su aprobación, el denominado “Grupo de los 24” acusó la ilegitimidad de la Constitución y propuso que se convocara a una asamblea constituyente. Uno de sus miembros, Patricio Aylwin, señalaba el año 84 que convocar a una asamblea constituyente era “solo aceptar la soberanía del pueblo y abrir el camino más adecuado para que la ejerza”.

La demanda por una nueva Constitución –que tuvo que dormir por algunas décadas– volvió a tomar fuerza a partir de las movilizaciones del año 2011 y empezó a hacerse realidad en el 2020, donde casi un 80% de los votantes dijo querer una nueva Constitución redactada por un órgano compuesto exclusivamente por representantes ciudadanos directos. Este resultado muestra, en parte, una “ansiedad participativa” que ya venía exhibiendo la ciudadanía en otros espacios, entre ellos, la calle.

En esta línea, deben destacarse los encuentros locales autoconvocados del año 2016 promovidos por el gobierno de Michelle Bachelet, en los que participó casi 130.000 personas en 8.113 encuentros. En ellos –como muestra la estupenda plataforma de la Biblioteca del Congreso Nacional, el concepto ciudadano más nombrado fue el de “participación ciudadana”, y se hicieron más de 8.000 menciones a mecanismos de participación directa como plebiscitos, referendos y consultas. Acaso uno los aspectos más destacables de estos cabildos constitucionales es que abrieron un inédito espacio de encuentro y deliberación democrática, demostrando que era posible pensar en experiencias de participación que fueran más allá del voto periódico.