Difamación en redes sociales
Recurso de protección, funas y libertad de opinión y expresión.
La persona afectada con la información que tiene el efectivo potencial de hacerse masiva con la red de publicación, en buena medida carece de defensa y de acciones efectivas para poner fin inmediato a la vulneración de sus derechos fundamentales en medios informáticos. Así es como las Cortes, en su rol tutelar de derechos fundamentales, deben ser especialmente celosas en custodiar que estas plataformas no se transformen en una impune tribuna para concretar daños quizá irreparables a la honra de las personas.
La experiencia acumulada me llevan en esta ocasión a compartir unas breves líneas sobre el tema anunciado, para efectos de sintetizar los aspectos que creo más relevantes teóricos y prácticos de una cuestión lamentablemente muy vigente y que debe interesar para quienes estén involucrados en los estándares mínimos de convivencia en una Sociedad donde impera el derecho y se respetan las reglas democráticas.
El recurso de protección constituye una acción constitucional que, en su variante prevista en el artículo 20 inciso 1° de la Constitución Política de la República, tiene por objeto restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, cuando por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufriere privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías indicados expresamente en dicho precepto constitucional y que se traduce en la adopción inmediata de las providencias que se juzguen necesarias para dicho objeto, por parte de la Corte de Apelaciones respectiva, sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.
Pues bien, del precepto constitucional aludido se desprende que para la procedencia de esta acción constitucional es menester la existencia de un acto u omisión imputable a un tercero, el que por una parte debe ser arbitrario o ilegal y, por la otra, producir una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de uno o más de los derechos o garantías señalados en forma taxativa por la Carta Fundamental, sin perjuicio de satisfacer los requisitos de forma y plazo contemplados en el Auto Acordado específico sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales dictado por nuestra Corte Suprema.
Comentarios (2)
Horacio Correa Arechavala Hola Diego, interesantísimo artículo de recurso de protección, pero sabes también se debe agregar un recurso de protección a las personas que son víctimas de acoso organizado y torturado electromagnética. En Chile tenemos terrorismo doméstico, a través de acosadores bien pagados y armados con tecnología de energía dirigida (DEW’s). Acoso organizado es un delito criminal encubierto en Chile. Solicitamos que se investigue y se incluya en el recurso de protección esta actividad terrorista y se respete la ley de Neuro derechos y el art 16.02 de la constitución chilena. La Tortura electrónica delito de lesa humanidad reconocido por Naciones Unidas en el informe A/HRC/43/49 reconoce la tortura a distancia sin contacto directo con tecnología militar. Estas nuevas armas son silenciosas e insonoras.. Son armas de energía dirigida (DEW’s) Direct Energy Weapons. Es energía altamente enfocada como un pulso electromagnético (EMP) en donde encontramos High Energy Laser (HEL) y High Powered Microwaves (HPM). Estás armas son utilizadas para hacer tortura electrónica a personas inocentes hasta causarle la muerte ( frecuentemente ataque cardíaco) Este tipo de organización criminal GangStalking (Acoso organizado) ya está en Chile. Por favor, tomar contacto conmigo para mayor información
Arturo Que pasa cuando la difamación y abuso proviene de un Diputado de la republica y que dirige oficios a las autoridades del Ejecutivo y estos sin mediar confirmacion alguna proceden a actuar contra el imputado.
Te puede interesar
