El reciente debate suscitado a raíz de la consagración del derecho a la objeción de conciencia en el Consejo Constitucional plantea algunas interrogantes que deben ser dilucidadas. ¿Pueden las personas jurídicas invocar derechos que históricamente pertenecieron a las personas naturales? ¿Abre la puerta la objeción de conciencia institucional a excusas para incumplir la ley arbitrariamente? ¿Qué implicancias tiene el reconocimiento a las instituciones de invocar el derecho a la libertad de conciencia, religión y pensamiento?

La creciente constitucionalización de los derechos sociales ha traído consigo una problemática muchas veces ignorada, pero cuyas consecuencias pueden ser graves para el equilibrio presupuestario y la institucionalidad: el papel que han tomado los jueces al fallar desconociendo el mandato de las leyes y suplantando el rol del legislador.