Se propone adoptar un mecanismo para reconocer el efecto de los tratados internacional que aumenta la injerencia del Congreso Nacional y disminuya la incertidumbre que genera su aplicación por los tribunales de justicia.

La nueva Constitución debe asegurar que los jueces estén sometidos únicamente a la ley y, con tal objeto, debe garantizar su independencia. Para lograr la efectiva vinculación de los jueces a la ley, la Constitución debe ser cuidadosa en la forma en que autoriza a los jueces a resolver aplicando directamente el derecho internacional y la propia Constitución.

La independencia judicial tiene por objeto asegurar que las autoridades legislativas y de gobierno no puedan utilizar sus competencias legales para procurar que un caso sea resuelto ignorando el derecho. La independencia se garantiza, en primer lugar, limitando las competencias legales para afectar la posición de un juez. En particular, las autoridades legislativas y de gobierno deben carecer de competencia para remover a un juez, para trasladarlo contra su voluntad, o para disminuirle su sueldo. En segundo lugar, la independencia se garantiza prohibiendo a las autoridades sustraer un asunto de la decisión de un juez.