¿Intervención indirecta de funciones?

Con fecha 1 de febrero del año en curso, la Corte de Apelaciones de Antofagasta en causa Rol Nro. 927-2023 (AD) ha resuelto el reclamo interpuesto por un usuario de la Corporación de Asistencia Judicial de uno de los consultorios de Antofagasta, sobre los alcances del privilegio de pobreza en sede auxiliar de la administración de justicia, Notarias y Conservador (CBR), dentro del desarrollo de las funciones de la CAJ en cuanto asesoría letrada significa.

La Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), en cuanto institución que interviene en la prestación de servicios jurídicos tanto de orientación y representación en tribunales, ella avecinda dentro de la Administración del Estado, pues, el regeneración de sus directivas, coordinación administrativa, presupuesto y objetivos es dependiente de la voz Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por lo tanto, citando la triada clásica de la Separación de Poderes, es expresión material del Poder Ejecutivo, al menos como centro de referencia. Su actual regulación, heredera de los servicios gratuitos a los pobres y de practica a los candidatos de abogados que reglamentaba el antiguo diseño del Colegio de Abogado – me refiero a los cuerpos legales anteriores a la reforma de los Colegios Profesionales Decreto Ley Nro. 3.621 de 7 de febrero de 1981 – las Leyes Nros. 17.995 (que crea las CAJ Metropolitana, Valparaíso y Bio-Bio) y 18.632 (que crea las CAJ para las regiones de Tarapacá y Antofagasta), expresan las tres finalidades por las cuales fueron creadas: (i) prestar asistencia jurídica, (ii) asistir judicialmente a las personas de escasos recursos, ambos de manera absolutamente gratuita; y (iii) servir de espacio sine qua non para efectuar la práctica necesaria para el ejercicio de la profesión a los postulantes a obtener el título de abogado.

Sabido es que dentro de las actividades materiales de la Administración Pública – clasificación de gran utilidad para aunar las más variopintas gestiones que por medio del reparto publico son posibles dentro de la gran pregunta sobre cómo, dónde y por qué interviene la Administración– uno que genera mayor visibilidad es la actividad de servicio público – expresión del principio de servicialidad – es decir, aquellas prestaciones que hace el Estado, en gestión y recursos, por entenderlas necesarias y de urgencia para una vida social pacífica y “satisfactoria”. Nótese el elevado carácter político que yace en esta breve descripción; << político >> en cuanto política pública, pues la pregunta por qué es aquello tenido por necesario y urgente para la vida social es una cuestión de fundamentación política, perfeccionable solo por la vía interpretativa ideológica de “lo económico”, “lo social” y “lo político”. En fin, lo que nos interesa es saber que es dentro de este contexto en que se enmarcan las funciones de la CAJ a través de sus distintos departamentos regionales. Desde la época en que el Colegio de Abogados era parte de la Administración del Estado, se ha entendido que la asesoría y defensa letrada a las personas de mayor necesidad económica (hoy se usa la nomenclatura “de mayor vulnerabilidad”) es un servicio publico que ha de ser prestado, precisamente, por profesionales letrados, cumpliendo así dos propósitos, primero y quizá el menos atendible: formar profesionales jurídicos con vocación social y compromiso con el Estado Republicano de Derecho y Democrático y los principios que le inspira, en particular, el de Justicia; y segundo, no dejar en la indefensión a las personas que por sus propios recursos no pueden cubrir del todo los gastos en que se incurren en para mantener tutela jurisdiccional.