Contrapuntos

El autor analiza las falencias del sistema penal acusatorio chileno, destacando su impacto en la impunidad y la crisis de seguridad. Se propone fortalecer la investigación y revisar las garantías para lograr un equilibrio justo.

El autor afirma que no debiera haber ningún cambio a la Constitución en materia de huelga: “Reitero que la Constitución debe reservarse a aspectos esenciales del Ordenamiento Jurídico", señala.

Para el autor, “se hace necesario regular el ejercicio de los derechos colectivos de los funcionarios públicos: permitir la sindicación, la negociación colectiva y la huelga a la mayoría de ellos".

La autora critica el enfoque reactivo del Estado frente a la violencia intrafamiliar y llama a una mayor prevención, campañas permanentes, apoyo integral a víctimas y mejoras en la coordinación institucional.

El académico aborda la violencia intrafamiliar como un fenómeno social de larga data, visibilizado recientemente. Critica el enfoque centrado solo en violencia de género y propone un abordaje más integral, con leyes equilibradas y profesionales mejor capacitados.

Es difícil determinar si estamos retrasados o no. A nivel regional estamos relativamente bien, con destacables resultados en índices latinoamericanos. Pero, a nivel mundial, notamos que hay tres principales faros en materia de regulación de estos sistemas –la Unión Europea, Estados Unidos y China– y pareciera ser que solo nos queda seguir la luz de uno de ellos.

Más que considerar que Chile está retrasado, es más adecuado decir que el país se encuentra en una etapa de construcción y fortalecimiento de su enfoque en materia de inteligencia artificial. La existencia de una Política Nacional de Inteligencia Artificial, actualizada en 2024, refleja un compromiso institucional con el desarrollo de esta tecnología, y el proyecto de ley en discusión marca un paso importante hacia la futura elaboración de un marco normativo más robusto.

El problema no es solo el SAE, sino la desigualdad entre colegios. Mientras haya educación de primera y segunda categoría, la segregación persistirá

El SAE ha reducido la segregación, pero no soluciona los problemas estructurales del sistema. Sin una mejora integral en la educación, la equidad seguirá siendo un desafío.

El principal problema de no tener un criterio uniforme es la incertidumbre jurídica. Los funcionarios públicos no saben realmente qué esperar, y la administración pública se enfrenta a una falta de claridad en la gestión de su personal.

La confianza legítima presenta contrastes debido a que ella en principio pretende dar elementos de estabilidad y certeza a un vínculo laboral que no reconoce igualdad de condiciones entre los cocontratantes, pero que también puede generar distorsiones al ser vista como una pseudo inmunidad que asiste a los contratas.

El ejercicio honesto, leal e íntegro de la profesión jurídica depende de un componente que no se encuentra necesariamente en los libros de estudio o en las leyes, más allá del trasfondo o contexto en que estas se dictan: ese componente es la autoformación personal de cada abogado y abogada.

Un conflicto de interés daña la independencia y la capacidad de tomar decisiones. Si un abogado decide actuar a pesar de conocer la existencia de este potencial conflicto, su lealtad hacia el cliente se verá afectada, al igual que su actuación de buena fe. Esto no solo perjudica su reputación personal, sino también la imagen de la profesión en general.

Es fundamental que cuente con una formación académica finalizada, ya que esto refleja una capacidad mínima de preparación y análisis. No obstante, la experiencia en gestión pública, aunque recomendable, no debería ser un requisito excluyente.

No hay que olvidar que la política no siempre opera como el mundo de la empresa privada. En muchas ocasiones, el capital político de una persona pesa más que sus calificaciones técnicas.

Ningún sistema ha demostrado ser infalible. En el plano teórico todos tienen sus virtudes y enfatizan, en mayor o menor medida, grados de independencia que tratan de evitar que otros intereses gobiernen los nombramientos de los jueces. Nuestro sistema, en lo particular, también logra captar muchas de esas ventajas.