1. Para Ud. ¿cuál debería ser el rol del Estado en la economía en el caso que se apruebe una nueva constitución para el país, uno subsidiario como el que tenemos; hacer la transición hacia un Estado de bienestar que asegure derechos sociales; o un modelo intermedio entre estos dos?
Si bien no le corresponde a una Constitución fijar ningún modelo económico en específico, creo que esas lógicas binarias de nada ayudan para propiciar un debate serio -y moderado- al respecto. Un Estado subsidiario puede perfectamente asegurar derechos sociales, en donde estos no solamente sean provistos por el Estado, sino que también por los privados.
El concepto de “Estado Subsidiario” ha sido muy manoseado por las distintas fuerzas políticas. La subsidiariedad, en su esfera positiva, implica que el Estado debe hacerse cargo de los problemas que los privados no pueden -o no quieren- solucionar; y es justamente esa esfera la que hoy se ha abandonado y debemos relevar, si admitimos que un Estado asfixiante es tan peligroso como uno ausente.
2. ¿Cree que el actual Estado subsidiario ha sido eficiente en generar crecimiento económico y bienestar social, en otras palabras, ha sido capaz de ayudar al desarrollo de Chile y de todos sus habitantes?
Más que un tema de creer o no en si el modelo económico actual ha sido eficiente en generar crecimiento y bienestar, basta mirar las cifras. Todas confirman que el desarrollo y el crecimiento económico en estos últimos 30 años ha alcanzado niveles históricos, logrando sacar a millones de familias de la pobreza. Por lo tanto, es un hecho que ha sido eficiente, pero aún puede serlo más.
Reconocer esto no quiere decir que no existan muchos desafíos pendientes; como mayor integración y cohesión social; como el fortalecimiento de esa gran clase media que hoy es una mayoría -pero muy frágil-; o como muchos otros desafíos en términos de vivienda, educación y salud, que permitan que este desarrollo efectivamente llegue a todas las personas.
3. Por otra parte, ¿un Estado de bienestar –que asegure mayores prestaciones y servicios en seguridad social- sería la solución para las demandas sociales que se han generado en el último tiempo?
Esto no se trata de si tenemos un Estado de bienestar o un Estado subsidiario. Son muchas las demandas sociales y desafíos que nuestra sociedad exige, todas muy complejas y distintas. Los desafíos complejos deben abordarse mediante soluciones integrales y políticas públicas serias y responsables. Pero también se trata de volver a crecer, para permitir que el Estado cuente con los recursos que le permitan -paulatinamente- ir haciéndose cargo de esos innumerables desafíos. Más que un Estado más grande, necesitamos un mejor Estado; que sea eficiente, transparente, probo, y eficaz. Un Estado que sea cada vez más profesional y moderno, y cada vez más libre de la burocracia y la captura por parte de los políticos. Sin embargo, volver a recalcar que la solución a las demandas sociales no depende sólo del Estado, sino que la sociedad civil puede y debe también cumplir un rol importante en ello.
4. Mucho se habla sobre los países nórdicos y su sistema de bienestar –con un alto nivel de tributos y servicios públicos de calidad- que ha ayudado a combatir la desigualdad y la pobreza. ¿es exportable ese modelo para Chile teniendo en cuenta nuestras características sociales, gubernamentales y de mercado?
Creo que a la hora de analizar los componentes del sistema de bienestar de los países nórdicos, no debemos caer en observar sólo aquellos aspectos que algunos buscan replicar acá, sino que mirar su funcionamiento como un todo, preguntándonos primero por qué han llegado a funcionar de esa manera. En esta línea, si bien esos países tienen una carga tributaria (en proporción al PIB) considerablemente más alta que la nuestra, debemos compararnos con cómo estaban cuando tenían nuestro nivel de desarrollo e ingresos actuales, y ver la relación que esas cargas tuvieron con el nivel de desarrollo alcanzado, vale decir; qué vino primero. En ese análisis, es importante recordar que nuestro sistema de seguridad social es de capitalización individual, lo que naturalmente se traduce en que tengamos una menor carga tributaria que aquellos países con sistemas de reparto (como lo son los nórdicos en general).
Dicho esto, creo que ningún modelo económico es exportable en su totalidad, ya que hay muchos componentes en juego y la mayoría de ellos guardan relación con aspectos culturales, políticos, e idiosincráticos de una comunidad en particular. Por ejemplo, debemos considerar que dichos países tienen niveles de productividad, tasas de empleo y proporciones de la población que pagan impuestos mucho más altas que la nuestra. En suma, creo que debemos mirar a países que tengan realidades socioculturales más similares a las nuestras, y, sobre todo, enfocarnos más en buscar modelos que nos permitan alcanzar un Estado que sea moderno y eficiente, poniendo el acento más en el “cómo” (se gastan los recursos) que en el “cuánto” (recauda el Estado).
5. En el caso que se apruebe una nueva constitución que consagre derechos sociales como vivienda, educación, salud, etc., ¿es posible la justiciabilidad de estos derechos de modo que realmente puedan ser entregados a la población, o más bien serían una mera declaración de principios?
Todo depende de como se consagren estos derechos en la nueva Carta Fundamental. Pueden fijarse desde orientaciones o mandatos al legislador a derechos que sean susceptibles de acciones jurisdiccionales. Sin embargo, plasmar en detalle el contenido de estos derechos en la Constitución podría generar falsas expectativas, dado que su concreción va a depender finalmente de las políticas públicas y de la realidad presupuestaria. Asimismo, judicializar los derechos sociales podría traer consecuencias indeseadas. Que sean los jueces -y no el Gobierno o el Congreso- quienes en última instancia decidan sobre la provisión de estos derechos, podría llevar al Estado a niveles de gasto que no se condigan con los recursos fiscales disponibles. La única manera de compatibilizar la provisión de derechos sociales con la responsabilidad fiscal, es que sea el legislador quien los concrete mediante políticas públicas que avancen progresivamente según la realidad financiera del Estado.
6. Si, por otra parte, seguimos con el rol secundario del Estado en materia económica, donde el privado es el protagonista, ¿qué modificaciones cree Ud. debería tener la nueva constitución para perfeccionar el modelo?
Por un lado, creo que se podrían consagrar principios que permitan una relación más armónica entre el Estado y la sociedad civil -reconociendo a ambos un rol complementario en la satisfacción de necesidades públicas y en la provisión de derechos sociales- como, por ejemplo, un principio de solidaridad o cooperación entre el Estado y la sociedad civil.
Por otro lado, en cuanto al rol del Estado, se deben consagrar principios que permitan ponerlo verdaderamente al servicio de las personas. En este sentido, encontramos el principio de subsidiariedad territorial -o de satisfacción de necesidades y problemas por el órgano más cercano a las personas-; el principio de transparencia y probidad pública; de eficiencia y eficacia; de participación ciudadana; el derecho a la buena administración pública, entre otros. Asimismo, será fundamental en esta materia la regulación del “Estado empresario”, en donde, si bien es importante que se mantengan ciertas restricciones que tiene la actual Carta Fundamental –por ejemplo, que la creación de empresas públicas sea materia de ley de quórum calificado-, corresponde analizar la incorporación de nuevas figuras, tales como el principio de la libre competencia (aplicable a entes privados y públicos que participen en el mercado), junto con el deber correlativo de velar por el correcto funcionamiento de los mercados.
7. Finalmente, ¿cree Ud. que el Estado chileno es capaz de otorgar salud y educación de calidad además de un crecimiento económico estable, o por el contrario es el privado el más apto para aquello?
Yo creo que aquí lo importante siempre es que se preste un buen servicio al ciudadano, y que este tenga la libertad de elegir quien lo provea. Por supuesto que debemos avanzar hacia servicios públicos que sean verdaderamente de calidad, pero eso no debe hacerse en desmedro del importante rol que pueden jugar los privados en ello. Debemos poner a la persona en el centro, y que nuestro fin último sea que ella pueda tener acceder siempre a servicios de calidad. En ello, tanto el sector público como el privado son fundamentales -y complementarios-.
