Por Andrés Chamorro Montenegro para Diario Constitucional (*)

Convencido de que el proceso constituyente debe ser abierto y transparente, Fernando Atria ha dedicado más de 15 años a la participación activa en el debate ciudadano sobre la reforma educacional, los derechos sociales en general y la nueva Constitución. Profesor universitario y presidente del movimiento político progresista Fuerza Común, espera que las y los votantes elijan a sus candidatos y candidatas pensando en cuál es la visión constituyente que quieren que a su nombre se incluya en la nueva Constitución.

1. ¿Cuál es su principal análisis con respecto al proceso constituyente?

El proceso constituyente se hizo imprescindible como consecuencia de la irrupción del 18 de octubre de 2019 y los días siguientes, del pueblo que demandó una nueva constitución. Lo que irrumpió en ese momento fue negatividad, no a esta forma de hacer política, no al cohecho, no al abuso, no más neoliberalismo, no más AFP… Y como consecuencia de un proceso largo de des legitimización institucional causado por la constitución vigente, la constitución tramposa, esta que hizo que se instaurara un poder institucional incapacitado para procesar demandas de transformación, de tomar decisiones transformadoras. Ese era el sentido, a mi juicio, de la constitución tramposa, impedir que fuera posible tomar decisiones transformadoras y de ese modo proteger el modelo neoliberal.

Fue surgiendo, desde la sociedad, una demanda de transformación que fue creciendo cada vez más, que tuvo sus primeros indicios el año 2006 con el primer movimiento secundario y dio paso a muchos otros posteriores, Hidroaysén y movimiento estudiantil el año 2011, No Más AFP y movimiento feminista el 2016, y el año 2019 el estallido. Todo lo anterior porque había demandas sociales de transformación y una política institucional incapaz de tomársela en serio, lo que finalmente llevó al estallido social y posteriormente a la aprobación del actual proceso constituyente.

Mi principal visión sobre lo que la nueva Constitución necesita crear, es una política que sea capaz de conducir las demandas de transformación que surgen de la ciudadanía, y que los ciudadanos y ciudadanas puedan ver en esta política institucional un instrumento, la medida de su empoderamiento.

2. ¿Qué tan cierto es que la redacción de una nueva Constitución será “de cero”?

En la discusión sobre si la redacción debía partir de cero hubo mucha desinformación, o incapacidad para entender el punto político o ánimo de confundir, o probablemente ambas cosas. Durante los últimos treinta años la constitución se ha podido reformar con el acuerdo de los 3/5 o 2/3 de los votos en el Congreso. Ese quórum altísimo implica que cuando es reforma constitucional, es decir, cuando no partes de un texto que se quiere modificar, dicho quórum quiere decir que una minoría -que apoya el texto vigente- puede mantener dicho texto por la simple vía de negar sus votos. Si la derecha niega sus votos a la reforma, la Constitución no se reforma y el texto vigente continúa rigiendo. Por tanto, nos vimos obligados a esas normas constitucionales que esa minoría nos quiere mantener vigente a la fuerza.

Si la Constitución es desde cero, la exigencia de alto quórum -2/3 en este caso- se transforma, porque ya no le sirve a nadie para obligar al resto a continuar manteniendo un texto constitucional que una minoría desea. Ahora para lo que sirve es para que cualquier minoría, de un tercio más uno, se oponga a que llegue a la Constitución algo que no está de acuerdo. Esa es la manera en que se asegura que solo llegará a la Constitución aquello que realmente cuente con un amplio acuerdo.

Desde el punto de vista político, el objetivo de la hoja en blanco no es rechazar todas y cada una de las partes del texto constitucional vigente, lo que sería absurdo. Hay partes de ese texto constitucional que son anteriores a 1980, que son tomadas de otras cartas constitucionales, entonces sería absurdo decir que cada letra de la nueva Constitución tiene que ser distinta. Por supuesto que la nueva Constitución tomará partes de las que están en el texto actual, tomará también cuestiones de la tradición constitucional, tomará influencias de otras constituciones, de otros intentos constitucionales de Occidente, todo eso es verdad.

En el sentido de que cada una de las letras del nuevo texto serán distintas, no habrá hoja en blanco. En el sentido político, la nueva Constitución va a representar el genuino acuerdo de una mayoría y no de una minoría que quiere perpetuar la Constitución actual, y en ese sentido resulta fundamental que comience desde una hoja en blanco.

3.Adicionalmente a las demandas históricas y que sin duda son centrales para la sociedad, como pensiones, salud, educación, vivienda, (derechos sociales), entre otros, ¿qué otros elementos y temas deberían ser considerados en la elaboración de una Constitución moderna?

Hoy día, bajo la Constitución vigente, no hay garantizados derechos sociales. Hay garantizados derechos que uno podría llamar prestacionales, derecho a que las personas que no pueden comprar algo como educación o salud en el mercado, reciban algo gratis. Eso está garantizado, pero esos no son derechos sociales, los derechos sociales no son asistenciales. Los derechos sociales son espacios de igualdad ciudadana creados en un contexto. Transformar, por ejemplo, la educación de una mercancía a un derecho social, significa transformar la educación, que funcione entonces como amplificador de las desigualdades de origen. El Estado debería asumir el deber de realizar derechos sociales, de crear y mantener estos espacios sociales, es lo que en el constitucionalismo europeo se llama el estado social y democrático de derechos. Esto implica que más que mantener o aumentar la lista de derechos sociales, se trata de introducir un concepto distinto de derecho social.

Una cuestión fundamental, que no es la única pero que es la llave para las demás, es que la Constitución debe contribuir a solucionar la causa de la crisis de legitimidad que ha sufrido esta política institucional, como consecuencia de esta Constitución. Y esa causa está en que esta Constitución no crea un poder político democrático eficaz, que permita realizar las demandas que surgen de la sociedad.

Yo creo que la cuestión fundamental de la nueva Constitución es que ella cree un poder político democrático, y eso supone -por supuesto- una Constitución sin trampas y sin cerrojos. Es decir, si un proyecto político gana, ese poder político se puede realizar, y por otra parte, tendremos una política legitimada en la que va a ser imprescindible una forma democrática participativa.

4. ¿Cómo se puede asegurar que la ciudadanía se mantenga conectada con el proceso constituyente y de qué manera concibe Usted el rol de la sociedad en este proceso?

La nueva Constitución se va a realizar solamente en la medida en que esa misma fuerza que abrió el proceso constituyente, se mantenga empujando a la nueva Constitución. Sin eso, no va a haber nueva Constitución. Sería una modificación de aspectos por aquí y por allá, pero no va a haber una transformación suficientemente significativa de la política institucional, para revertir la crisis de legitimidad que llevó a este proceso. Eso por supuesto tiene que ver con cómo se organiza el trabajo de la Convención, con la discusión del reglamento.

He escuchado a algunas voces que sugieren que la discusión constituyente sea secreta, o que tenga partes reservadas. Yo creo que eso es una receta para el fracaso, que ese proceso sea visto como más de lo mismo, más de la política a la que estamos acostumbrados. Yo creo que el proceso constituyente debe ser abierto y transparente, la convención debe hacer el máximo esfuerzo -a través de los convencionales, de las audiencias de la convención- para llevar la discusión constituyente a la sociedad, para que los ciudadanos desarrollen una discusión y después vean representada esa discusión en la Convención. En vez de ver que la discusión en la convención constitucional es una cuestión de negociaciones y arreglos, eso a lo que las personas ya están acostumbradas en la política institucional. Y es eso lo que ha llevado a esa política institucional al grado extremadamente profundo de des legitimidad que tiene actualmente.

5. Ya formando parte de la Convención, y pensando en la participación ciudadana, ¿qué modelo de democracia promovería para que fuera consagrada en la nueva Constitución?

Más que un modelo, yo creo que hay que hacer realidad la promesa democrática. Para las personas hoy día, la idea del poder institucional -que es el poder del pueblo que se ejerce a través de las instituciones- por ejemplo de que la Cámara de Diputados representa al pueblo de Chile o a la voluntad del pueblo, hoy no tiene ninguna realidad para la mayoría de las personas, es un mero discurso. Lo que yo esperaría es que la nueva Constitución le dé realidad a las ideas, o sea, que el pueblo vea en la política institucional una medida del real poder que tiene para decidir, que cuando se decida la abolición del actual sistema de AFP podamos decir “el actual sistema fue abolido por la ley x que se acordó en el Parlamento, pero la decisión de abolirlo fue nuestra, de los ciudadanos”. Esa idea, de que las decisiones políticas son nuestras en ese sentido, hoy día no existe para nada y es fundamental que exista.

Yo no hago una oposición entre democracia representativa y democracia participativa. La política no puede sino tener una dimensión representativa, pero es una representación que hoy día es vista como puramente formal, sin ser vista como dotada de contenido real. Por consiguiente, van a ser imprescindibles formas de participación directa, entre las cuales podrían estar algunas como iniciativa popular de ley o referéndums revocatorios.

Desde el punto de vista de darle realidad al principio democrático, qué diferente habría sido si después de enterarnos cómo se obtuvo la Ley de Pesca hubiéramos podido hacer un plebiscito, donde nosotros -los ciudadanos y ciudadanas- decidiéramos si dicha ley continuaba vigente o se derogaba.

Por tanto, la creación de un poder político legitimado y formas de participación como referéndums revocatorios e iniciativas populares de ley van a ser imprescindibles en la nueva Constitución.

6. ¿Es este el mejor momento para lograr la abolición del estado subsidiario y reemplazarlo por un estado social? ¿Es el proceso constituyente el escenario ideal para lograrlo o al menos, sentar las bases para lograr aquello?

Políticamente, lo que todos sabemos es que el Estado subsidiario significa Estado neoliberal, porque es un Estado cuya función principal -incluso en materias como pensiones, salud y educación- es asegurar las condiciones del mercado, espacio donde se manifiestan todas las desigualdades de origen. El Estado subsidiario tiene que ser erradicado y en su reemplazo tiene que haber un Estado que asuma el deber de realizar derechos sociales.

No es el deber del Estado mantener las condiciones del mercado, sino de actuar en la realidad de modo que las ideas democráticas de libertad e igualdad sean ideas que tienen realidad, y que no son solamente una declaración en un texto.

Yo esperaría que los ciudadanos y ciudadanas, al momento de votar, no se preguntaran qué tan simpático es el candidato o candidata, sino cuál es la visión constituyente que quieren que a su nombre se incluya en la nueva Constitución. Resulta fundamental conocer cuáles de los candidatos tienen la trayectoria que da fe de su compromiso con esta visión constituyente -en los términos que hemos hablado- y que están dispuestos a actuar en la convención constituyente para que esa visión se realice.

(*) Facultad Humanidades – Escuela de Periodismo / Universidad Mayor.