A pocos días del inicio de actividades de la Comisión de Expertos, los 24 miembros del órgano alistan los primeros detalles con el objetivo de discutir temas en búsqueda de consensos. De esta manera miembros de diferentes partidos repasarán lo que consideran son temas prioritarios.

En esta ocasión, el experto Flavio Quezada se refirió a lo que él considera es importante tener en cuenta al crear un borrador constitucional, al igual de lo que espera mantener o modificar de la pasada propuesta de la Convención.

Sin considerar las bases institucionales ¿Qué materias de la Constitución vigente mantendría en una nueva propuesta?

“La norma vigente, en tanto texto, contiene algunas disposiciones de larga data que es valioso mantener y que nos conectan con momentos importantes de nuestra historia. Así, por ejemplo, la prohibición de la esclavitud en la fórmula ‘En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre’.

Del mismo modo, algunas disposiciones que configuran el Estado de Derecho que se contienen los actuales artículos 6 y 7 y que tienen una historia larga que es importante proyectar hacia el futuro. Agregaría, por último, el catálogo de garantías penales que podría actualizarse y enriquecerse con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.

¿Cuáles son urgentes modificar y/o derogar?

“Lo más urgente, puesto que es un elemento central de este proceso, es convertir la fórmula del Estado social en una expresión real en el texto. Esto significa robustecer los derechos sociales y laborales. Nuestra historia constitucional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos deberían ser las matrices desde las cuales construir esa redacción”.

¿Qué idea, institución o principio rescata de la fallida propuesta constituyente de 2022?

“La propuesta de incorporación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos puede ser un insumo útil para el debate que viene. Asimismo, varias propuestas en materia medioambiental. Aunque la forma en cómo se consagró el Estado social me parece interesante, antes que por su contenido concreto, por la idea -que es antigua en todo caso- que esa expresión debía tener por correlato un conjunto de derechos (sociales y laborales) y configuraciones institucionales.

Digo que esa idea es antigua porque es posible rastrearla en el constitucionalismo democrático y republicano chileno en varios momentos. En este sentido la evolución constitucional del texto de 1925 debería inspirarnos especialmente”.

¿Es partidario de mantener el régimen presidencial para Chile? ¿Cómo equilibraría la relación de este con el Congreso?

“En esta materia soy partidario en avanzar en los ajustes institucionales que gocen del suficiente consenso social y político. Solo así podrían operar correctamente…

…En ese sentido, me parecen claves dos ajustes: permitir la disminución de la fragmentación del sistema de partidosy, a la vez, fortalecer el rol de estos últimos. En efecto, toda democracia requiere contar con partidos políticos que cumplan su rol propio”.

¿La nueva Constitución debería ser breve o desarrollada?

“No creo que el dilema sea entre “Constitución mínima” vs. “Constitución maximalista”; sino en abrir la práctica constitucional a una mayor y mejor democracia. Me explico: desde un “minimalismo” seguramente resultaría inaceptable que el derecho de propiedad ocupe tantas páginas como en el texto vigente, lo mismo podría decirse del Banco Central. Sin embargo, reducir a pocas líneas el derecho de propiedad o excluir el Banco Central, como en Estados Unidos y Francia, serían definiciones muy contra-intuitivas para el sentido común de nuestro debate. Tan así, que dicho banco forma parte de las bases de este proceso, las cuales fueron suscritas por todo el arco político nacional.

Qué materias se incorporan a un texto constitucional y con qué extensión o detalle dependen del contexto político y social…

Con todo, entre nosotros entendemos que existe una determinada forma, propia de un texto constitucional, lo cual tiene una historia que lo explica: en general, nuestros textos han sido redactados de forma genérica y con una extensión relativamente breve…”

¿Agregaría otra base institucional al anteproyecto?

“Me parece importante expresar la limitación a la soberanía que constituye el Derecho Internacional de los Derechos humanos en una fórmula de incorporación al ordenamiento jurídico interno. Podría ser una de interpretación conforme (España nos podría inspirar), o de jerarquía constitucional (tal como lo ha recogido la jurisprudencia de la Corte Suprema). Este tema tendremos que abordarlo”.

¿Es partidario de mantener el sistema bicameral simétrico?

“Es importante mantener la diferenciación actual entre la Cámara -fiscalizadora- y el Senado -consultor y colaborador en ciertas definiciones como nombramientos-. Respecto a la formación de la ley, me inclino por mantener la simetría, tanto porque tiene un valor deliberativo importante (la segunda revisión permite mejorar la legislación), como porque nuestra práctica institucional no manifiesta ahí sus principales problemas”.

¿Qué planteamientos constitucionales le interesa proponer a la Comisión?

“Quisiera aportar a la construcción, compartida y transversal, de un efectivo Estado social expresado en la propuesta de nueva Constitución. Su inclusión en las bases es un avance muy importante, puesto que ha sido suscrito por todo el arco político y significa un cambio decisivo respecto a lo que existe actualmente. Es una gran oportunidad de iniciar un reencuentro con nuestro constitucionalismo social”.

¿Qué acciones debe tomar la Comisión para evitar que este nuevo proceso fracase?

“Creo que la Comisión debe trabajar de forma colaborativa, respetuosa, dialogante y leal a las bases de este proceso. Respecto a esto último, se debe tener presente que todos los sectores políticos cedieron temas o visiones que les son importantes para arribar a un acuerdo compartido. Esperaría que no se pretenda subvertir esa voluntad deformando sus definiciones. En ese sentido, el Estado social es para mí lo central y prioritario. Debemos expresarlo de forma leal en el texto.

Por último, será importante tener siempre presente que, en definitiva, la Comisión propone, el Consejo dispone y la ciudadanía tiene la última palabra. Nuestro rol es poner al servicio de la política democrática nuestra expertise”.