Por Lucas Leyton y Constanza Daza, Universidad de Chile

El indulto es una potestad exclusiva del presidente de la república, establecida en el art. 32 N°14 de la constitución política de la república que puede resumirse en el perdón de la pena o la extinción de la responsabilidad penal para un condenado cumpliéndose ciertos requisitos. Hace un par de meses esta potestad presidencial se puso en tela de juicio por un sector de la política nacional a partir del indulto otorgado por el presidente Boric a 13 condenados, de los cuales son 12 detenidos en el contexto del estallido social y un ex frentista. Este hecho ha desembocado no sólo en el cuestionamiento de la decisión del ejecutivo sino de la misma institución del indulto. Sin embargo, el Tribunal Constitucional rechazo los requerimientos en contra de estos indultos otorgados hace poco más de un mes luego de la solicitud realizada por senadores de Chile Vamos y Demócratas.

Por otro lado, el ministro de Justicia, Luis Cordero, apelo a que los decretos cumplían con normas legales para conceder los indultos. Así señalo que este nuevo proceso para escribir una nueva carta magna probablemente “(…) nos obligue a pensar de un modo distinto el ejercicio de esta potestad, esencialmente por la presión que cae sobre la decisión de una sola persona”[1], dejando en manos de este nuevo proceso que se revise sobre como regular esta institución histórica.

En el curso del trabajo de la comisión experta La UDI, por ejemplo, redactó un documento en el cual tomó postura a favor de eliminar esta facultad presidencial. En RN hicieron algo similar y sostuvo que el indulto particular no puede continuar de la misma forma en que está actualmente y que la opción es acotarlo a razones de salud o derechamente eliminarlo.

En el oficialismo, hasta el momento, también están por mantener esta facultad presidencial, sin embargo, aún existen algunos comisionados que no tienen una postura clara.

Así, Gloria Hutt, ex ministra de transporte y actual candidata al Consejo Constitucional por la Región Metropolitana por Evopoli, nos entrega su visión entorno a esta potestad presidencial.

1. ¿Cree que hubo una falta de rigurosidad desde el ejecutivo en la decisión de otorgar los indultos?

Los antecedentes que el propio gobierno ha entregado y los comentarios de la ministra Vallejos respecto a que si el presidente hubiera tenido todos los antecedentes habría tomado una decisión distinta, reflejan que efectivamente hubo algunos vacíos de rigor procedimental, no sólo en la entrega de los antecedentes, sino que su análisis también en el gabinete presidencial, una de las consecuencias, de hecho, fue la salida del jefe de gabinete del presidente. Así que es cierto que hubo estas fallas que, yo creo que son fallas de afiatamiento de equipo, de coordinación; sin embargo, yo creo que la dificultad mayor no tuvo que ver con eso, tuvo que ver con el contexto de inseguridad que el país vive y seguramente en otro contexto esta decisión podría no haber tenido las consecuencias que ha tenido. Para que haya un efectivo control de la seguridad y para revertir situaciones que se han extremado en otros países, que también ha pasado, hay 2 condiciones que tienen que darse y que aparecen en la bibliografía. Una es una aceptación transversal en la población respecto a la potestad de las policías para controlar el orden público. Eso no hay duda, en Chile se ha recuperado el respeto por la policía, así que ese punto está cumplido.

Pero hay una segunda condición, indispensable también, y es que las autoridades hagan una declaración sin ambigüedad alguna de condena a la violencia en todas sus formas, y estos indultos relativizan esta condena a la violencia. Ese a mi juicio es el problema mayor, más que los líos procedimentales que uno podría también sacar a relucir porque se perdonan condenas que han cometido delitos comunes y que tienen un prontuario enorme. Entonces es difícil entender que en el contexto de seguridad pública que estamos actualmente, que es la principal preocupación de la ciudadanía, se relativice el tema. Eso a mi juicio es mucho más grave que haber tenido los papeles completos al momento de la decisión

2. Una de las polémicas en torno a esta situación es que justamente algunos de los indultados no cumplen con los requisitos legales, ¿considera viable la revocación de los indultos en esos casos? ¿Está de acuerdo con esa vía?

Hasta ahora ninguno de los decretos ha sido, por ejemplo, caducado u objetado por la contraloría, y entiendo que el tribunal constitucional está haciendo una revisión de la cual no ha emitido un juicio todavía, pero aparentemente no hay irregularidades en el otorgamiento porque la facultad presidencial es bien amplia, así que justificarla tampoco es un problema es demasiado complejo. Yo no cuestiono la legalidad pero si la oportunidad y el hecho de que hay personas, y eso sí puede ser cuestionable, que tienen, como Luis Castillo, una trayectoria delictual que va mucho más allá del objetivo político que era indultar a los presos por haber cometido actos violentos en el estallido, o, por ejemplo, indultar a un ex frentista, que ahí ha cometido un acto terrorista. Yo creo que siempre, y esta es una impresión mía no de especialista, yo soy ingeniero, no abogada; y es que los actos administrativos siempre se pueden revertir, y ahí hay una oportunidad política que el gobierno debiera al menos analizar en esos dos casos. En los demás creo que no hay cuestionamiento respecto a que es la voluntad presidencia, fue promesa de campaña, nos guste o no nos guste y tiene las facultades para hacerlo; pero en estos dos sí hay cuestionamientos y el hecho de no haber tenido todos los antecedentes a mano cuando se tomó la decisión, por ejemplo en el caso de Luis Castillo, tal vez de pie para que se puedan revisar. No me parece que esa sea la intención del gobierno, pero mi impresión es que esos actos administrativos sí se pueden revertir.

3. A partir de los indultos otorgados por el presidente Boric, la oposición presentó un proyecto de ley para derogar esta potestad ¿Está de acuerdo con la eliminación del indulto?

Yo creo que al menos merece revisarse. Estas facultades son bien antiguas y son bastante propias de regímenes de gobiernos de muchas décadas atrás. En el tiempo, la justicia ha evolucionado y, si bien, la facultad se usaba, por ejemplo, tradicionalmente para indultar a personas que estaban en situación de enfermedades graves para ir literalmente a morir a sus casas acompañados de sus familias, es decir, personas que no tenían una expectativa de vida que fuera un riesgo para la sociedad; se le daba al presidente esa facultad, pero la justicia también ha evolucionado y también hay casos, y se pueden hacer presentaciones por razones humanitarias en las cuales esos casos también pueden tener una solución similar sin que necesariamente el presidente tenga que comprometer un indulto. Así que yo creo que al menos merece revisarse, no sé si eliminarse porque en muchos países existe y se aplica principalmente por razones humanitarias y de forma muy acotada, pero yo creo que al menos vale la pena darle una mirada a la forma que existe aquí en Chile.

4. ¿Por qué cree que ahora se está cuestionando la potestad del indulto?

Mi impresión es que es por la naturaleza de los delitos que cometieron los indultados, porque siendo la seguridad pública un problema de mayor importancia que encabeza todos los sondeos de opinión como la mayor preocupación de todo Chile y se indulta a personas que han atentado contra la propiedad pública, que han atentado incluso contra carabineros. Algunos de los indultados habían agredido a personal de la PDI y carabineros, son, como indicaba en la primera respuesta, mensajes divergentes respecto de lo que la ciudadanía espera, por eso yo creo que esto no tiene que ver con cuestionar la potestad del indulto, tiene que ver con el objetivo que usó el presidente, la selección de los indultados y la sensibilidad de las personas respecto al tema que fue atropellada literalmente en la decisión presidencial que es un golpe a la ciudadanía que espera más bien acciones en la dirección de fortalecer la seguridad pública y no de debilitarla.

5. Uno de los argumentos que se han esgrimido en contra del indulto es que va en contra a la división de poderes del Estado, ¿está de acuerdo?

Tiendo a estar de acuerdo, porque efectivamente es un juicio que hace el presidente y que cuestiona literalmente decisiones que ha tomado la justicia. Me parece que es bueno, por eso indicaba antes, al menos revisarlo y tal vez limitar las facultades del presidentes en casos en que ya, por ejemplo, las condenas han sido ratificadas por la corte suprema, por decir algo, en quienes todos ponemos nuestra confianza porque son las personas que van a tomar la decisión más ecuánime para proteger el interés general. Entonces pasar por arriba por una decisión de ese tipo a mi me parece que pone efectivamente una forma de conflicto respecto a la independencia de los poderes.

6. ¿Cree que el indulto responde a una tradición autoritaria del presidencialismo en Chile?

Yo creo que responde a una tradición, no necesariamente de presidencialismo, es una tradición que en algún momento se instaló y que ha atravesado sin cambio gobiernos de muy distintos signos y de muy distinta naturaleza, así que creo que es algo que está ahí y que se instaló en algún momento, se institucionalizó y después nadie lo ha cuestionado hasta ahora en que surge el cuestionamiento no por el uso de la facultad, sino por el haber usado la facultad en una dirección totalmente opuesta al interés ciudadano y a la expectativa ciudadana. Pero sí, creo que es una tradición de las cuales uno tiene que cuestionarse en algún momento. El mundo cambia, es mucho más dinámico y hay cosas que se instalaron hace mucho tiempo y que ya a veces pierden su sentido.

7. El indulto es una institución histórica en nuestro país, ¿cree que ha tenido un rol relevante durante esa historia?

Yo creo que no, yo creo que por supuesto se ha aplicado, pero han pasado décadas de gobiernos en que se ha indultado a personas y eso no ha tenido ningún impacto. No ha cambiado el sistema de justicia, no ha cambiado hasta ahora las percepciones ciudadanas, y creo que uno si valora, por ejemplo, el beneficio de las personas que han sido indultadas para morir en paz con su familia, eso es un beneficio, una razón humanitaria que por supuesto tiene mucho valor y las familias que fueron beneficiadas con eso deben sentir un alto impacto, pero en números, pensando en el interés general de la nación, no es una facultad que haya producido cambios importantes, pero sí lo tuvo ahora por la forma en que fue utilizado, entonces eso hace cuestionarse en realidad si vale la pena tener esas herramientas que le dan al presidente una potestad que en verdad está por encima del sistema de justicia.

8. ¿Qué consecuencias políticas cree que podría traer para el futuro la derogación del indulto?

Lo que yo creo es que daría más orden e independencia de los poderes del Estado. En realidad, no me imagino que haya una consecuencia política en derogar la facultad presidencial del indulto. Hay otras facultades presidenciales mucho más contundentes en términos de su impacto político. Esto en general ha sido de impacto más humanitario, no ha sido de impacto político hasta esta oportunidad, así que no me imagino que derogarlo produjera un cambio. Lo que sí me imagino que si se deroga exista algún canal para proteger ese interés humanitario de ese condenado que, por ejemplo, tiene enfermedades terminales y que ese fue el espíritu original de esa facultad y eso por supuesto habría que mantenerlo.

[1] La Tercera. 2023. Comisión Experta se divide ante la opción de mantener o eliminar el indulto presidencial. 22 marzo 2023.