Por Verónica Rodríguez Rowe para Diario Constitucional.

Laura Albornoz -demócrata cristina, abogada y doctora en Derecho Civil- está lista para comenzar a trabajar en el edificio del ex Congreso Nacional y el Palacio Pereira.  Está convencida que toda su experiencia y conocimiento de la realidad del país, contribuirán para incorporar a la Nueva Constitución los temas que considera  relevantes para el futuro de los chilenos.

Compite por un escaño en el disputado Distrito 10, pero tiene larga data en el servicio público.  Durante el primer gobierno de Michelle Bachelet fue titular de la cartera Servicio Nacional de la Mujer (Sernam). En el segundo periodo fue, nada más y nada menos, que la primera mujer en ser parte de la directiva de la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco).

En conversación con el Diario Constitucional, Albornoz -con voz suave, pero vehemente- se adentró en temas tan diversos como paridad de género, adulto mayor, Derecho de Aguas, sistema de gobierno, entre otros. Al hablar no oculta el orgullo que siente por ser partícipe de un proceso que, por primera vez,  es el resultado de una sociedad que “manifiesta su voluntad explícita de redactar una carta fundamental desde las bases, con participación ciudadana y bajo la modalidad de una Convención Constitucional que es lo más democrático que ha tenido la historia de nuestro país.” Para ella, lo anterior es producto de un levantamiento social que dejó en evidencia las grandes brechas existentes, y la falta de visión por parte del mundo político para hacerse cargo de las inequidades que subsisten en el sistema político, social y económico.

¿Qué tan cierto es que la redacción de una nueva Constitución será “de cero”?

Sí.  Es correcto, parte de cero. No tiene como antecedente supletorio la Constitución del 80. Es decir, al momento de escribir la nueva Carta Fundamental, si es que no hay acuerdo, no regirá lo vigente. No regirá lo que hoy divide la Constitución: la parte dogmática y la parte orgánica. Se inicia, en este aspecto, efectivamente de cero.

La Constituyente puede plantearse nuevas fórmulas de redacción. Estudiar modelos distintos de Constitución y, en definitiva, comenzar a describirla como a la Convención Constitucional le parezca. Sin embargo, hay un antecedente histórico… Sabemos que Chile  es una República democrática, que es unitaria, independiente o no, que se defina la plurinacionalidad de los pueblos originarios. Respecto a esto, hay ciertos puntos que, sin duda, se mantendrán como, también, habrá otros que se reforzarán. En este sentido, no se puede partir de cero. Es como decir, que vamos a volver a reorganizar el país y, eso, no es posible. Tenemos nuestra tradición, nuestra cultura, lo que va a tener peso cuando se fijen las nuevas reglas de este Pacto Social llamado Constitución.

¿De qué manera concibe usted el rol de la sociedad en este proceso?                                            

Voy como candidata constituyente por el Distrito 10 que comprende comunas muy diversas como Providencia, Ñuñoa, Macul y San Joaquín. En una conexión vía Zoom con San Joaquín, hacía ver lo que se ha producido como efecto de la pandemia… La elección de convencionales constituyentes está mezclado con otros procesos eleccionarios, como el de alcaldes. En muchas comunas, los ediles están preocupados por su elección, pero muy poco involucrados en un proceso que es más complejo como el de los constituyentes. Lo entiendo, pero son condiciones de desigualdad electoral… Es más, es desigualdad de conocimiento en temas que son fundamentales para la sociedad.

En la conexión vía Zoom con San Joaquín, la gente estaba debatiendo acerca de lo que era necesario en políticas públicas, respecto a seguridad, narcotráfico, pensiones, vivienda. No se ha hecho la pedagogía suficiente, por parte de todos los actores políticos, para transmitir que muchos de estos temas son de orden constitucional y que no habrá cambios si la Constitución no da una señal al respecto. El hecho es complejo porque estamos en circunstancias extrañas, debido a la pandemia.  Las personas votan con cuatro papeletas… He escuchado comentarios que van desde qué es un constituyente o la  confusión entre el rol del concejal y constituyente. Aquí hay una responsabilidad mancomunada que recae sobre el poder político, sistema político, sobre el Estado… No me refiero solamente  al Presidente de la República, sino que todo el Estado debería estar  más abocado a hacer debates, como éste, el que está haciendo la Universidad Mayor y donde se exponen distintos puntos de vista.  Las personas pueden conectarse y, libremente, informarse. Ahora…  existe una brecha digital y económica. Algunos adultos mayores están muy conectados, como mis padres, pero hay otros que no pueden disponer del dinero para una conexión permanente, porque lo deben destinar a subsistir, más en una pandemia como la que estamos viviendo.

Dependiendo de las circunstancias, uno esperaría una mayor intervención del Servel y del propio Ejecutivo…además de las municipalidades y de los distintos poderes, en la tarea de informar respecto a lo que se juega en esta elección constituyente. La sociedad civil, habiéndose adoptado un acuerdo de paz en noviembre de 2019, hoy tiene un rol protagónico.

Considerando que usted tiene una trayectoria en la que ha mostrado preocupación por los derechos sociales y la justicia social. ¿Qué aspectos puntuales aportará en como miembro de la Convención Constituyente? 

Hay ciertas materias en las que tengo más experiencia, por lo que mi preocupación estará centrada en cinco temas fundamentales. Entiendo que la Constitución no es un árbol de pascua donde se puedan colgar todos los derechos sociales y garantizarlos… Esto último, es lo que  la gente no sabe. Un Estado puede promover derechos sociales, pero es distinto garantizarlos. Y, cuando hablamos de garantizar derechos sociales y establecer un Estado social y democrático, hay una mayor responsabilidad de ese Estado en cuanto a cumplir con esos derechos sociales.

Si bien hay distintos tipos de constituciones y no existe un modelo único, mi preocupación tiene que ver, particularmente, con ciertos ámbitos. Me tocó firmar la ley que creó el Pilar Solidario, acompañando a la presidenta Michelle Bachelet en su  primer gobierno, del cual formé parte como Ministra de Estado. Creo que el tema de Pensiones y Seguridad Social es fundamental, no solo por los 3 millones de personas que, previo al tercer retiro, tienen cero fondos de capitalización individual y, por los 6 millones a los que se llegará, si se aprueba el tercer retiro. Estoy de acuerdo con la medida debido a la emergencia económica, pero con mayor razón hay gente angustiada porque tiene que comer cada día. Particularmente, por los adultos mayores, una nueva Constitución tiene que establecer una pensión mínima universal que esté garantizada por el Estado, teniendo como piso base el ingreso mínimo. Esto no se indicará en la Constitución, lo tengo claro,  porque tiene que ser una ley de menor rango.  Sin embargo, es importante señalar que no se trata de cualquier pensión mínima universal. Si hablamos de recuperar la dignidad, después de este levantamiento  social, la dignidad no puede estar bajo ese rango. Los adultos mayores debieran tener, también, otros niveles de aseguramiento en materia de seguridad social, vinculados, por ejemplo, al transporte, a la cultura, a la entretención. Este punto, para mí, es trascendente.

Igualmente importante es la creación de un Sistema Único de Salud que considere, a lo mejor, proveedores mixtos y no solamente al Estado sino, también, aseguradoras privadas. Las Isapres debieran convertirse en aseguradoras privadas entregando prestaciones complementarias a un piso mínimo. No puedo entender… en Chile existe libertad para elegir el Sistema de Salud, pero esa libertad no es tal tratándose de las personas que no tienen dinero. No soy libre cuando tengo que esperar 7 años para que me pongan el implante o me operen de la rodilla en una clínica privada. Estas situaciones son muy comunes para los adultos mayores y me hacen una convencida que debe haber un piso mínimo de prestaciones, más allá de las 84  aseguradas en el AUGE… un Sistema Único de Salud.

En otro orden, creo en el trabajo digno y en la negociación colectiva por rama. Creo, también, que la educación debe ser gratuita, particularmente en el 60% de la población de menores ingresos. Me tocó estudiar con crédito fiscal y con altos niveles de endeudamiento; lo único que tuve sin endeudarme fue la beca con la que hice mi doctorado, pero después trabajé para el Estado obligatoriamente…ese “obligatoriamente” es relativo porque, en lo laboral, siempre he sido una mujer del mundo público. Estudié en un liceo con número y me siento muy orgullosa de pertenecer a ese espacio. Soy académica de la Universidad de Chile y lo digo con mucho orgullo. Pero hay circunstancias y circunstancias y,  tengo claro, que no se pueden perder capacidades e intelectos por no tener oportunidades. En ese sentido, la presidenta Bachelet, en su segundo gobierno, avanzó muchísimo cuando estableció la gratuidad. De mis 85 estudiantes en la Facultad de Derecho de la Chile, el 20% estudia con gratuidad y es una señal muy potente de equidad.

Como quinto tema, me preocupa el de la vivienda digna y que exista una norma constitucional que garantice el derecho a ella,  que controle y regule la especulación inmobiliaria que se ha tomado las regiones más pobladas de nuestro país como Concepción y Santiago ¡para qué hablar! La especulación inmobiliaria se tomó barrios residenciales lo que deteriora la calidad de vida.  Tiene que tener un rol más activo el Estado… cuando uno ve incendios, inmediatamente después comienza el proceso inmobiliario.

Lo mencionados son los ámbitos vinculados con los derechos sociales.  Hay otros, igual de trascendentales, que tienen que ver con cuestiones como el elevar a rango constitucional el derecho de agua, por ejemplo.

Otro tema que le preocupa es el Sistema de Gobierno ¿Qué propone y por qué?

El ser Ministra de Gobierno me sirvió para reconocer que el sistema presidencial, si bien se adecuó a momentos históricos en Chile muy importantes, hoy día, en el modelo que estamos viviendo, no da para más. Es necesario disminuir la preponderancia que tiene el Presidente de la República. Yo hablo de zarismo presidencial porque, la verdad, es que el Mandatario tiene atribuciones tales como nombrar a más de 25 mil autoridades en el Estado. El Presidente de la República hoy está dotado de demasiadas facultades que deben ser controladas por otro poder del Estado. Un ejemplo muy importante para mí es la facultad o no que tiene el Servicio de Impuestos Internos de perseverar en investigaciones por influencia del dinero en la política, como ocurrió hace unos años con SQM. En esa oportunidad, el SII no pudo perseverar porque hubo una decisión de carácter político y técnico, de no solicitar al Ministerio Público una investigación en esa materia. Este tipo de hechos le hace mal a la política, toda vez que deja en manos de una entidad, dependiente del Poder Ejecutivo, la decisión de perseverar o no en una investigación policial que es necesaria para mejorar, no solo la imagen sino la credibilidad de la institucionalidad pública. Este es un solo ejemplo… también podría hablar de la situación de los permisos medioambientales o de la facultad que tiene el Gobierno para limitar la libertad personal, como lo estamos viendo ahora respecto al toque de queda en tiempos de pandemia, decisión que requiere aprobación parlamentaria y mayor fiscalización en la rendición de cuentas referente a cuántas personas han quedado privadas de su libertad, qué ha pasado con ellas y, cómo se han comportado y respetado los derechos humanos… No es llegar y tomar decisiones y afectar a toda la población. El Presidente y parlamentarios  tienen un poder delegado del pueblo que es el único soberano para tomar decisiones en materias tan importantes como las que hemos comentado.

Adicionalmente a lo expresado y a las demandas históricas que, sin duda, son centrales para la sociedad, como pensiones, salud, educación, vivienda ¿qué otros temas deberían ser considerados en la elaboración de una constitución moderna?

En materia orgánica es posible revisar, con precisión, las diferentes doctrinas que justifican el bicameralismo y, quizás, transitar hacia uno más moderno que impida que las leyes estén tanto tiempo tramitándose en el Congreso y, particularmente, leyes de interés nacional como la que elimina la administración de bienes del matrimonio en manos del varón y que data desde 1855. Esta normativa ha sido modificada gradualmente, otorgándoles algunos derechos más a las mujeres, pero no es suficiente. Es insólito que esto suceda en un país que proclama la igualdad, lo que quedó de manifiesto en la Marcha de la Mujer en la que millones de mujeres reclamaron por la equidad de género.

Hay que estudiar esta doble revisión del Senado y la Cámara de Diputados, y mejorar el sistema bicameral o transitar hacia la unicameralidad. Es importante establecer mecanismos de democracia directa. Hace poco se llevó a cabo un plebiscito nacional que no está contemplado en la Constitución del 80, porque  los plebiscitos son solo de carácter comunal. Para decisiones importantes, la posibilidad de convocar un plebiscito nacional es un opción que considero muy viable para dirimir temas de interés social o con amplia carga valórica.

No quiero dejar de mencionar la necesidad de establecer la paridad y el principio de igualdad entre hombre y mujer como un mandato imperativo hacia el Estado. Existe en el artículo 19, número 2, una parte que dice que hombre y mujer son iguales ante la ley y eso es falso, por ejemplo en el caso del régimen de sociedad conyugal. Debería haber un mandato más imperativo y claro respecto de respetar la igualdad sustancial y, con ello, me refiero a todos los principios de igualdad.

Me quiero remitir al Derecho de Aguas, porque estamos viviendo una crisis provocada por el  Calentamiento Global y por la pésima gestión del recurso.  El agua es un derecho humano y debe ser un bien nacional de uso público. Hoy, ese recurso se encuentra privatizado. La Constitución debe ser lo suficientemente clara para señalar que le pertenece a todos los chilenos y chilenas. Se debe gestionar y distribuir correctamente, llegando incluso a la expropiación a quienes lucran con él, quitándoles a otros chilenos el derecho a consumirlo de manera permanente, como lo hace una parte importante de la población.