En fallo unánime, la Corte de Santiago confirmó la sentencia recurrida, que condenó al Estado de Chile a pagar la suma total de $150.000.000 a la viuda e hijos de Héctor Rojo Alfaro, dirigente portuario de San Antonio ejecutado el 21 de septiembre de 1973, por personal del regimiento Tejas Verdes, tras una falsa fuga.
Cabe señalar que la sentencia del Tribunal de segunda instancia confirmó la responsabilidad del Estado por el actuar ilegal de los miembros del Ejército, lo que además fue establecido en la sentencia de la Corte Suprema del 19 de enero de 2011, en el denominado: "Episodio Armando Jiménez y otros".
El fallo de primera instancia establece que "en este caso, se observa que el actuar de los integrantes del Ejército antes singularizados, constitutivo de un delito penal, declarado mediante sentencia ejecutoriada, fue llevado a cabo en contravención a las normas de dicho ramo, mas también de aquellas que regulan la actuación de los órganos de la administración del estado, como es la disposición precedentemente citada y los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de República. Ello, de modo tal que se está indiscutiblemente frente a un actuar ilícito, el cual además, fue ejercido como mínimo, con culpa, desde la perspectiva civil".
A continuación, la resolución agrega que "esto se observa en cuanto los agentes omitieron aquellas medidas o consideraciones respecto a la diligencia que el legislador tuvo en cuenta al dictar las normas antes referidas, respecto a la forma de actuar que les compete en su calidad de tales y también las disposiciones penales que se estimó en esa sede que por ellos fueron quebrantadas".

Vea textos íntegros de las sentencias de la Ilustrísima Corte de Santiago y de primera instancia.

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