La iniciativa tiene por objeto aumentar la eficacia de la actuación policial y de los fiscales, a fin de asegurar la mejor prueba posible. A su juicio del Tribunal, solo la oración “previa orden de destrucción emanada del Ministerio Público” reviste naturaleza propia de ley orgánica constitucional, y se ajusta a la Constitución en el entendido que se precisa en el fallo.
14 de diciembre de 2023