La honra y la libertad de opinión se encuentran en el mismo nivel de derechos humanos protegidos por la Constitución, y el ejercicio de un derecho no puede amparar la lesión a la dignidad moral del recurrente.

El recurso carece de la idoneidad suficiente para resolver la controversia en esta instancia, pues las pretensiones deben ser planteadas en un juicio de lato conocimiento.

Consta en los informes psicosociales que el amparado mantiene patrones conductuales desafiantes hacia la autoridad que no lo habilitan a postular a un régimen de libertad asistida especial.

El máximo Tribunal estableció que la materia de derecho que se pretende unificar no se corresponde con la que fue objeto del juicio.