El deterioro o destrucción de bienes de dominio o uso público afecta no solo a su valor, sino que también puede afectar, en el caso del transporte público, a la capacidad operativa del sistema derivado del paro total o parcial del servicio, retrasos, disrupciones de frecuencias, etc. En definitiva, la conducta delictiva incide negativamente en la prestación de un servicio público y perjudica a la colectividad.