Cuando la determinación de la competencia de un órgano se torna controvertida y dudosa, y no se han afectado suficientemente derechos fundamentales, su elucidación corresponde a las instancias ordinarias y no a la jurisdicción constitucional.
El requirente alega que, la aplicación de los preceptos impugnados en la gestión pendiente, producen efectos inconstitucionales.
El requirente alega que se le ha despojado de su propiedad mediante un procedimiento fraudulento, vulnerando sus garantías constitucionales.
El requirente alega que se le impide injustamente acceder a la justicia en los términos protegidos por la Constitución.
El requirente alega que se le imposibilita controvertir la falta de fundamentos de una sentencia, vulnerando sus garantías al debido proceso e igualdad ante la ley.
Atendido al estado procesal de la gestión pendiente, no se observan vulneraciones actuales a las garantías constitucionales del requirente.
El requirente estima que vulneran sus garantías de debido proceso, igualdad ante la ley, proporcionalidad de las sanciones y seguridad jurídica.
