El marco legal existente no cumple con el requisito inherente al deber del Estado de establecer y aplicar efectivamente un sistema que proteja a las mujeres internadas en instituciones psiquiátricas contra graves violaciones a su integridad. La legislación penal es inadecuada y, por lo tanto, incapaz de proteger a las solicitantes del aborto y la anticoncepción no consentidas.