Destacó la necesidad de un análisis detallado para determinar el quantum de la indemnización, y declaró que el resarcimiento del daño producido por el delito, así como la acción para hacerlo efectivo, resultan de máxima trascendencia al momento de administrar justicia, comprometiendo el interés público, y aspectos de justicia material, que permiten avanzar en el término del conflicto.
La decisión se fundó en el interés público y en la posibilidad de ejercer un control sobre la gestión de una estatua dedicada a un ex Almirante que participó en un momento de violaciones sistematizadas a los derechos humanos.
Se rechazaron las alegaciones de la ANI que estuvo por negar la información al considerar que daría a conocer sus líneas de trabajo y funciones. El CPLT estimó que se trata exclusivamente de datos históricos y estadísticos, cuya entrega no repercute negativamente en sus actividades.
El estándar internacional prohíbe la aplicación de la prescripción a las acciones judiciales promovidas para obtener reparaciones por los daños derivados de graves violaciones a los derechos humanos.
