La víctima fue fusilada por funcionarios de la Armada, luego de reconocer su autoría en delitos relativos al transporte y almacenamiento de explosivos. No obstante, el máximo Tribunal estimó que dicha condena se obtuvo en un procedimiento viciado carente de garantías procesales mínimas, en que la convicción condenatoria se formó con la sola confesión del sentenciado, obtenida tras largas sesiones de tortura.