Si la víctima es menor de edad pero mayor de 14 años, para aplicar esta pena debe además haberse aplicado fuerza o intimidación; o haberse aprovechado de la víctima sea por perturbación mental, ignorancia o haciendo abuso de una posición de autoridad, o haber hecho amenazas.
El informe plantea que, en lo que se refiere a las restantes modificaciones planteadas por el ejecutivo, cabe tener en cuenta que tal como indica su fundamentación, parecen limitarse a dirimir aspectos técnicos del proyecto, sin cuestionar sus fundamentos o sentido, razón por la que no parecen ameritar mayores observaciones, salvo en lo que se refiere a dos errores formales que pueden apreciarse en los artículos 1 y 13 de la propuesta
Los jueces o juezas deberán excluir el grado mínimo de la pena o el mínimo dentro del grado determinado en aquellos delitos contra las personas si procede la agravante de que la víctima es menor de 18 años, adulto mayor o persona con discapacidad.
El máximo Tribunal estima aconsejable obrar con prudencia en el desarrollo de la presente propuesta legislativa, considerando las implicancias que cada una de las reformas que se introducen tendrá dentro de la orgánica del sistema general de normas vigentes; en especial en lo relativo a su artículo segundo que sustituye el artículo 191 bis del Código Procesal Penal, que requeriría un acabado proceso de armonización entre su sentido y alcance, con la Ley N° 21.057.
La controversia plantea un problema que afecta al principio de igualdad, al derecho fundamental a la integridad física y moral, al derecho a la protección de la salud y a la intimidad personal y familiar, sobre el que no hay doctrina constitucional.
El Senado respaldó en particular, la norma que otorga el mencionado permiso a la madre, padre o persona significativa en el cuidado de un menor, para asistir a controles prenatales, exámenes de ecografías y controles de niño sano.
El proyecto considera una tipificación del delito acorde a los estándares internacionales sobre derechos de los niños y considera penas más severas. Se termina con el concepto de la denominada «prostitución infantil».
La instancia estableció una tipificación del delito acorde a los estándares internacionales sobre derechos de los niños y adoptó penas más severas. La iniciativa que termina con el concepto de la denominada «prostitución infantil» quedó lista para votarse en Sala.
La iniciativa busca disminuir los niveles de delincuencia juvenil y la sensación de inseguridad que existe actualmente en la ciudadanía, generando incentivos reales que impulsen a los menores de edad a dejar de delinquir.
La instancia recibió al Ejecutivo a través del Subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, quien detalló el trabajo de la cartera y la agenda legislativa para enfrentar este tipo de hechos. Por su parte la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, remarcó la ausencia de medidas efectivas para prevenir e investigar estos hechos.
