La demanda, presentada en 2018 en nombre de miles de neoyorquinos afectados por la política, alegaba violaciones de derechos religiosos protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y el Artículo I, Sección 3 de la Constitución del Estado de Nueva York.
La decisión fue tomada a raíz de la ola de robos que ha afectado a los vehículos de estas marcas, un hecho que las autoridades atribuyen a fallas en sus sistemas de seguridad. Se acusa a los fabricantes de no instalar inmovilizadores de motor para reducir costos.
Las autoridades neoyorkinas implementaron una serie de medidas para afrontar la crisis migratoria que enfrenta la ciudad, como reubicar solicitantes de asilo en los condados demandados para que sean alojados en hoteles. Sin embargo, estos contravinieron la medida mediante la dictación de órdenes ejecutivas fundadas en razones de seguridad pública.
La II Enmienda reconoce el derecho del pueblo estadounidense a poseer y portar armas. “Siendo necesaria una milicia bien organizada para la seguridad de un Estado libre, el derecho del Pueblo a poseer y portar armas no será infringido”.
