Los servicios de transporte aéreo que operen en el territorio nacional deberán, durante el recorrido que presten y dentro del plazo de cinco años, poner el listado de pasajeros a disposición del Ministerio Público y las policías que colaboren con una investigación.
El Tribunal de alzada revocó, la sentencia en primera instancia, dictada por el Tercer Juzgado Civil de Concepción, en la parte que condenó a los hijos del piloto de la aeronave a indemnizar a los deudos, tras establecer la responsabilidad del Estado, a través de la DGAC, por falta de servicios.
La propuesta del Gobierno pretende resolver el déficit de financiamiento para mejoras en regiones y operaciones en sistema metropolitano.
