La iniciativa busca facilitar la identificación de detenidos cuya identidad no es posible de determinar. Para esto, establece un proceso de verificación de los datos de las personas y su eventual enrolamiento.
En la sesión expusieron abogados quienes analizaron los alcances de regular el uso de la fuerza por parte de las policías y FF.AA. en materia de orden público.
Se afirma que es una buena noticia, que escogieron la muerte por ingresar a un cuerpo militar “matón” en vez de estudiar, son “perros bastardos” y “perras putas”. Tales expresiones carecen de la gravedad injuriante que el tipo penal aplicado reclama. No sugieren actuaciones al margen de la ley o vulneradoras de derechos, que pudieran comprometer la dignidad y el prestigio de la institución, resuelve el Tribunal Supremo de España.
En la sesión las ministras del Interior y Defensa explicaron los alcances de la norma y aclararon inquietudes por parte de las y los parlamentarios.
También establece que se interrumpe la prescripción cuando el condenado se hubiere fugado o huido del lugar en que cumplía su condena.
De manera que éstos puedan servir como respaldo y sustento de sus actuaciones.
La iniciativa, que se encuentra en primer trámite en la Comisión de Seguridad Ciudadana, busca crear una ley autónoma que se constituya como un marco legal de protección de las policías y de Gendarmería.
Para su estudio, la Comisión de Seguridad Ciudadana contó con la participación de autoridades de ambas policías, así como del Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública.
La titular del Consejo para la Transparencia (CPLT) recalcó que avances en materia de escrutinio de gastos reservados, con modificaciones aprobadas en 2020, son insuficientes si no van acompañados de cambios al artículo 436 del Código de Justicia Militar, que ha mostrado ser “realmente nocivo”, dado que se “presta para imponer el secreto y amparar eventuales irregularidades”.
La propuesta establece, entre otros puntos, que cada institución deberá elaborar e implementar un sistema de auditoría de las declaraciones de patrimonio e intereses.
