La magistratura negó lugar al desafuero de la funcionaria, al verificar que el tiempo de su contratación databa desde enero del año 2021, época diferente a la indicada por el Servicio, que afirmaba que ingresó en junio de 2022 a uno de los SAMU bajo su dirección. Tal contradicción hace improcedente el desafuero, debido a que la demandante siempre estuvo en conocimiento del estado de gravidez de la empleada, y la siguió llamando para cubrir reemplazos.