El máximo tribunal descartó error en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco, que confirmó la de primer grado que estableció que los recurrentes derribaron cercos y utilizaron como camino de acceso al lago, el terreno de propiedad de los querellantes.
La acción de protección no es de carácter popular y tampoco se mencionan hechos que puedan constituir una vulneración a las garantías constitucionales previstas en el artículo 20 de la Constitución.
Se trata de información de naturaleza pública de gran interés para la ciudadanía. Además, CONAF no pudo acreditar la distracción de recursos humanos y materiales que implicaría recopilar estos antecedentes.
