Determinada la legalidad de la deportación, esta no puede ser revocada invocando solo los lazos familiares del delincuente, pues el interés público prevalece en estos casos.
Si bien en la decisión se debe dar un peso significativo al interés superior de los menores, nada sugiere que tuvieran una necesidad absoluta del apoyo de su padre dado que tienen 19, 17 y 12 años de edad.