Los requirentes señalan que Lo relevante en la causal que se invoca es resguardar el cumplimiento de los objetivos y funciones del organismo en cuestión, más sancionar la mala intención. Por ello, la misma tampoco debe acreditarse.
La sentencia de TER señaló que, de los antecedentes allegados, no consta que el requerido haya ejercido un empleo en la Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al Menor.
Los hechos que se han tenido por acreditados dan cuenta de una gestión desprolija, por parte del Alcalde, en cuanto a los resguardos y cuidados que deben adoptarse en la administración de fondos públicos.
En el recurso de apelación se alega que la resolución impugnada ésta permite continuar la tramitación del procedimiento de remoción sin que la reclamante haya cumplido el requisito señalado en el artículo 17 N° 3 de la Ley N° 18.593.
El fallo del Tribunal de Alzada concluyó que, no es posible advertir la vulneración que se denunció.
